Entre los casos instruidos ayer por la mañana por el magistrado Juan Carlos Torres se encuentra el de Luis M.G., el joven que ha sido detenido como principal sospechoso de haber asaltado a punta de escopeta un estanco situado en Vara de Rey y que ingresó ayer en prisión provisional incondicional. El fiscal Manuel Campoy elogió la rápida labor policial efectuada por la Udyco de la Comisaría de Eivissa y solicitó la prisión provisional a la espera de juicio al considerar que, si bien no había riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, si lo había de reiteración en la actitud delictiva, en base a los antecedentes con los que cuenta el detenido y a la «alarma social» creada por el atraco. «Se daría una cierta sensación de inseguridad si quedara en libertad», dijo.
Asimismo indicó tener «indicios suficientes de la existencia de un delito de robo con violencia y con un arma, que puede acarrear una pena de hasta cinco años de prisión». Por su parte, el abogado defensor de Luis M.G. solicitó su puesta en libertad, una posibilidad no atendida finalmente. Asimismo discrepó de la argumentación sobre la reiteración delictiva al considerar que se hablaba de «una hipótesis, un futurible», señalando que Luis M.G. debía incorporarse ayer a su puesto de trabajo, «mucho más provechoso, en todo caso, que estar en la prisión».
El representante de la defensa añadió que, a pesar de la celeridad en la celebración de la vista previa, ésta no aseguraba un rápido señalamiento del juicio en el Juzgado de lo Penal, al que deberá ser traspasado el caso. El representante de la Fiscalía deberá ahora elaborar el escrito de acusación contra Luis M.G. por el asalto. Los sistemas de grabación de la sala del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, cuyo titular es el juez Juan Carlos Torres, se pusieron en marcha el pasado sábado para dejar testimonio de la primera aplicación en la isla de uno de los preceptos de la nueva Ley de Enjuiciamiento: los llamados juicios rápidos.
Tras la experiencia del fin de semana, tanto el juez como el fiscal del turno semanal de guardia del juzgado, Manuel Campoy, reconocieron la validez de la ley sobre el papel, aunque reconocieron que la falta de medios existentes en Eivissa dificultaba su puesta en marcha. Pese a ello, ayer continuaron con dicha aplicación (opcional a la espera de la entrada en vigor de la ley el próximo año). Según relató Torres a este periódico, desde las nueve de la mañana el personal del juzgado se aplicó en la resolución de varios casos para decidir las situaciones particulares de los detenidos dentro de las 72 horas estipuladas por ley en las que pueden permanecer detenidos y decretar de este modo, en algún caso con escrito de acusación ya presentado, la prisión provisional o la libertad de los individuos encausados.
Pero el turno de guardia continuaba a su ritmo habitual del mes de agosto. Durante la mañana de ayer, la sala de espera de esta corte era un hervidero en el que coincidían detenidos, víctimas, testigos, guardias civiles y miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a los que se sumaban abogados y el personal del juzgado. Hasta las dos de la tarde ya eran dieciocho las personas detenidas que debían personarse para comenzar a instruir sus causas. La actividad en las comparecencias establecidas a partir de la nueva Ley de Enjuiciamiento obligó a trasladar todos estos trámites a la tarde y, en palabras del fiscal Manuel Campoy, posiblemente hasta la jornada de hoy, momento en el que el Juzgado de Instrucción número 1 habrá abandonado su guardia semanal y dispondrá de más tiempo, sin estar atado a imprevistos, para encauzar dichos casos.
De hecho, la falta de medios en Eivissa de cara a la aplicación de la ley no se limita tan sólo a los juzgados, sino que afecta también a los cuerpos de seguridad que tienen bajo su custodia a los detenidos, puesto que los traslados obligan a emplear a un número indeterminado de agentes para cumplimentar la presencia de los sospechosos ante el juez, y al turno de oficio del Colegio de Abogados, que dispone de tan sólo dos letrados para cubrir dichas contingencias, tal y como ayer pudo comprobar este periódico.
Tanto Juan Carlos Torres como Manuel Campoy remarcaron el esfuerzo realizado por el personal del Juzgado de Instrucción número 1 en esta iniciativa. Además, Torres destacó la colaboración obtenida por parte de los ciudadanos que se desplazaron a lo largo de la guardia al juzgado para participar en los juicios rápidos. «El balance de la guardia ha sido muy positivo en la resolución de casos», apuntó Torres, para añadir a continuación que «el futuro del juicio rápido depende de los medios y de una adecuada retribución económica, puesto que estas guardias deberían pagarse al nivel de la de los hospitales». «Se observa -añadió- la falta de medios, ya que debería haber cuatro abogados de oficio en las guardias, en lugar de los dos existentes ahora. Aplicar la ley con estos medios requiere un sobreesfuerzo, que se ha dado durante la última semana. Las guardias de 24 horas serían más eficaces».
Actividad sin pausa en el Juzgado de Instrucción nº
1
El juzgado de guardia vio varias causas ayer. Entre ellas se
encuentran las propuestas de archivo por autoconsumo de droga
recomendadas por el fiscal para los detenidos este pasado fin de
semana Amadou S., Mapenda C., Giuseppe C. y Bruno André Michel J.
En otro de los casos, por hurto de un vestido y la recaudación de
una tienda de Sant Antoni, se procedió a la vista contra Mireille
H.A. y Omare K. El fiscal solicitó una pena de un año de prisión
para cada uno de ellos, aunque en el caso de Omare K. propuso
sustituirla por la expulsión de España, ya que se encuentra en
nuestro país de modo ilegal. También se vio el caso de Asan H.,
acusado de un hurto en grado de tentativa en Vara de Rey. El fiscal
solicitó cuatro meses de prisión u ocho meses de multa y su ingreso
en prisión provisional. La causa contra un conductor con el carnet
de conducir retirado fue trasladada al Juzgado de lo Penal, en el
que se celebrará el juicio el próximo 11 de septiembre. Todos estos
casos fueron atendidos antes de cumplirse las 72 horas de detención
fijadas por ley.