«Dentro de la más estricta legalidad, estamos dispuestos a que el control del barrio esté en manos de quién tiene que estar». Con esta rotunda afirmación, el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, se refirió ayer al derribo de las vallas que habían sido colocadas el pasado jueves en el barrio de sa Penya para luchar contra el narcotráfico y a las acusaciones de ilegalidad de la medida proferidas por algunos vecinos de la zona.
Fue una mañana ajetreada en el Consistorio. El alcalde recibió a un grupo de vecinos disconformes con la medida, para reunirse a continuación con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Àngel Marí, y manteniendo una comunicación telefónica constante con la directora insular, Marienna Sánchez Jáuregui, quien se encontraba en Madrid. El resultado de toda esta actividad fue la reafirmación ante la medida de colocar tres vallas en los accesos al barrio, así como la de incrementar la altura de la reja que separa el barrio de una cueva habitualmente utilizada por los toxicómanos.
La polémica estalló durante la noche del pasado miércoles, cuando un numeroso grupo de vecinos arrancó las rejas y las lanzó al mar, de donde ayer fueron recuperadas por los Geas de la Guardia Civil, la Policía Local y operarios municipales. Tarrés comunicó ayer que el Consistorio ha presentado una denuncia por los daños ocasionados a esta propiedad municipal (el coste de las rejas es de unos 12.000 euros) y se mostró firme, con el apoyo en el mismo sentido del CNP y de la Dirección Insular, en la intención de ser «contundentes» en el barrio y volver a colocar las vallas «en cuanto sea posible». De hecho, un operario continuaba trabajanado ayer en la verja que impide el acceso a la cueva.
Entre los puntos sobre los que más incidió Tarrés estuvo el de la 'legalidad' de la medida, apuntando que «no ha sido vulnerado ningún derecho de ningún ciudadano», para añadir a continuación que lo que se busca es «garantizar la dignidad de los habitantes cerrando un acceso para dar paso por otro. No hemos creado una jaula». Yendo más lejos en este planteamiento, Tarrés negó que hubiera riesgo en caso, por ejemplo, de incendio, puesto que, además de haber otras salidas del barrio, la policía, que tiene las llaves de las vallas, llegaría en escasos minutos al lugar.
Asimismo, el alcalde reconoció que no le gusta la idea de poner vallas, «pero es la decisión de los técnicos de seguridad, que son quienes tienen que decidir qué es lo mejor». «Ahora bien -matizó-, si desde el CNP se nos dice que la medida no ha dado los resultados esperados o que se ha fracasado habrá que buscar otro camino». Respecto a la eliminación de las vallas, Tarrés se comprometió públicamente a retirarlas inmediatamente «en cuanto haya un técnico que diga que ya no son necesarias».