EFE-GIRONA
La juez que ha condenado a los dueños de la barca L'Oca, que se
hundió en el lago de Banyoles en 1998 causando la muerte de 21
jubilados franceses, ha reprochado a los acusados el «capricho» por
lo estético, y su «prisa» por hacer dinero, en lugar de velar por
la seguridad de los pasajeros.
La sentencia tilda la conducta de los dueños de la barca de «altamente negligente por la desatención del cuidado elemental exigible al propietario de una embarcación destinada a una actividad de transporte de personas con ánimo de lucro, que debe hacer primar el derecho colectivo (a la seguridad) sobre el interés económico individual».
Tras el juicio, la juez dice que «es enormemente ilustrativo lo poco vinculado que (uno de los dueños del catamarán, Simón Rodríguez) se sentía por el proyecto naval concluido y acabado».
Ese proyecto, presentado ante el Ayuntamiento de Banyoles, que dio el permiso de botadura de la barca, nada tenía que ver con lo que realmente se fletó: una embarcación con doble potencia, exceso de calado y pasaje, y con dos agujeros en la popa por donde entró el agua que hizo zozobrar el catamarán. Simón Rodríguez «decidió voluntariamente adquirir 149 sillas» para su barca cuando sabía que sólo podía transportar a 80.