El juicio sobre el accidente que acabó con la vida de dos jóvenes invitadas de Thierry Roussel y que murieron al chocar su moto de agua y un catamarán dio ayer un giro radical a causa del testimonio de tres tripulantes del yate «Nufer», propiedad del empresario Fernando Fernández Tapias, que fueron testigos de la colisión.
Los tres ofrecieron a la juez una versión muy distinta a la que brindaron en la primera sesión, celebrada el pasado tres de mayo, otros dos testigos del accidente.
En aquella primera vista, dos patrones de yate que estaban en la zona del accidente, que se produjo en agosto de 2002, aseguraron que la moto de agua en la que se desplazaban las tres jóvenes -dos fallecieron y la tercera, que tenía 15 años en 2002, resultó mal herida- iba a gran velocidad y se cruzó en el camino marcado por el catamarán conducido por el empresario alemán Ulrich Wilhem Auman, que supuestamente no pudo evitar el choque y que ahora se enfrenta a una acusación formulada por Roussel y una petición de una pena de tres años de cárcel y una indemnización de un millón de euros para las familias de las tres jóvenes.
Pero ayer, el capitán, el jefe de máquinas y otro tripulante del yate de Fernández Tapias declararon que, prácticamente, el catamarán pilotado por Auman arrolló a la moto en la que iban las tres jóvenes, originarias de países del este europeo. Según sus testimonios, el catamarán navegaba a gran velocidad, a más de 40 nudos, dijo uno de ellos, mientras que la moto, aseguraron, no iba a más de dos o tres nudos, una velocidad a la que ni siquiera levantaba estela.
Finalmente, la acusación particular contra el alemán no presentó ayer un documento con el que se pretendía demostrar que el acusado no dispone de permiso para pilotar el catamarán en el mar, sino sólo en lagos.
Al parecer, tampoco Auman ha presentado ningún permiso para pilotar estas embarcaciones, al igual que la familia de una de las jóvenes fallecidas, la que conducía la moto de agua, tampoco ha entregado el permiso de la chica para llevar motos de agua. A todo esto hay que sumar que, tal y como dijo en la primera sesión del juicio el capitán marítimo, Jesús Valera, citado a declarar como perito independiente, la ley de parques naturales del Govern balear prohibe la navegación de motos de agua en áreas protegidas, como es el caso de la playa de Illetes, en Formentera, donde ocurrió el accidente.