La Audiencia Provincial intentará este lunes dar el último paso en el proceso judicial que se abrió ahora más de trece años después de que los antiguos dueños de la discoteca «Ku» fueran acusados de llevar a cabo una quiebra fraudulenta. Un año ante se produjo el cierre de la mítica discoteca de Sant Rafel. El caso debía de haberse visto el pasado mes de mayo, pero el tribunal, a última hora, determinó el aplazamiento del juicio. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, pese a los años transcurridos, sólo podrá escuchar el testimonio de dos de los tres dueño de «Ku»: Javier I.S. y José L.A. El tercer empresario, José Antonio Santamaría, fue asesinado por la banda terrorista ETA justo tres años después de que la discoteca dejara de ser un negocio para él y sus socios.
Javier I.S. y su socio se enfrentan a una condena de seis años de prisión y al pago de 600.000 euros después de que los síndicos de la quiebra, representantes de Angime S.A., la sociedad titular de la antigua discoteca, consideraran que podía haber indicios de delito en las maniobras realizadas por los tres empresarios. El caso, si definitivamente queda visto para sentencia el próximo lunes, ha pasado por múltiples vicisitudes después de que se declarara oficialmente la quiebra de la discoteca el 22 de mayo de 1991. Un juzgado de Eivissa se encargó de estudiar la compleja contabilidad de la sociedad y de intentar discernir si se podía haber cometido algún hecho judicialmente reprobable. Dicha investigación acabó con el sobreseimiento de la causa al no haberse hallado, en primera instancia, indicios que pudieran derivarse en responsabilidades concretas contra los ahora acusados. Los síndicos de la quiebra, sin embargo, no estuvieron contentos con esta decisión y decidieron presentar un recurso. La Audiencia les dio la razón y consideró oportuno que todas las cuentas de la sociedad debían pasar un examen más minucioso. La discoteca fue subastada y nuevos empresarios la reflotaron con el nombre de «Privilege».