El doctor José María García Ruiz, propietario de la empresa Ambulancias Insulares y al que competía la evacuación el 7 de abril de 2001 de un bebé, una niña, que falleció en un traslado de Eivissa a Barcelona y en el que hubo un retraso de más de siete horas, tendrá que sentarse finalmente en el banquillo para responder de un presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte.
Ello le puede suponer una condena de dos años de prisión, tres de inhabilitación y el pago de una responsabilidad civil de 300.000 euros de la que responde de manera subsidiaria.Esta es la pena que ya ha pedido formalmente la representación legal de la familia afectada en un escrito que ya ha sido presentado en el juzgado para la celebración de un juicio para el que aún no se tiene fecha. Sin embargo, este escrito sí se ha podio presentar después de que el magistrado Juan Carlos Torres, responsable del juzgado de instrucción, dictaminara la apertura de juicio oral. Ello ha ocurrido después de que Torres, con la aquiescencia del fiscal, cerrara el caso y, tras apelarse a la Audiencia Provincial, ésta ordenara a Torres la reapertura de la causa.
Según la información recogida por este periódico, el ministerio público tampoco ha presentado cargos contra el dueño de Ambulancias Insulares.
El doctor García Ruiz, que iba en el avión ambulancia en que fue evacuado un bebé nacido con grave problemas y que precisaba un tratamiento urgente en Barcelona, tendrá que viajar a Eivissa el día que se le cite para comparecer al juzgado de lo Penal de Eivissa al que se asigne la resolución de la causa. El juzgado de instrucción -y sobre ello no se pronunció la Audiencia- también resolvió en su día que no hay base para que José María García tuviera que responder también de un presunto delito de omisión de socorro. Todo ello después de que la acusación particular incardinara este cargo al entender que se dejó desatendido el traslado por asistir a accidentes de tráfico no graves.