La desagradable sorpresa tuvo lugar, al parecer, después de que la compradora hubiera regresado a Sant Antoni tras dos años de ausencia al tener que desplazarse y permanecer durante este tiempo en un país árabe del que era oriundo su marido. La afectada tuvo que irse a un hotel al encontrarse con la puerta cerrada y posteriores gestiones permitieron averiguar que la casa, ubicada en el edificio «Jamaica» de Sant Antoni había sido vendida a otra persona. Se da la circunstancia añadida de que, además, en ese momento estaban viviendo en el domicilio otras personas supuestamente amigas de la mujer que había cerrado el trato con la víctimas. Ésta había formalizado la compraventa con el desembolso de 30.000 euros.
El fiscal calificó en su día estos hechos de estafa y requirió una pena de tres años de prisión, una condena que puede ser superior si así lo confirma en el juicio la acusación particular del caso, representada por el abogado Angel Martín Arce. La vista, de hecho, tenía que haberse celebrado ayer pero tuvo que aplazarse por la incomparecencia de varios testigos.
La acusación particular requirió en su primer escrito hasta tres años y medio de cárcel para la sospechosa, formalidad que quedaba pendiente de las pruebas que se llevaran a cabo en la celebración del juicio.