El juez Juan Carlos Torres comenzó ayer en Eivissa a tomar declaración a ocho de los diez detenidos por el crimen en Sant Josep del empresario cordobés José Miguel López Calzado. Los sospechosos que declararon ayer se eximieron de responsabilidad de muchas de las preguntas que se les relacionaron en un caso complicado por las ramificaciones halladas durante la investigación.
Todo ello, tras desmantelar la Guardia Civil una supuesta banda mafiosa de Madrid dedicada no sólo al tráfico de drogas sino también a otras actividades delictivas como la extorsión o el robo. En este sentido, al menos dos de los acusados aseguraron que sólo se conocían por ser simpatizantes del Frente Atlético (nombre del grupo ultra seguidor del Atlético de Madrid) y de llamarse para quedar en el estadio Vicente Calderón. Éstos dieron a entender, conjuntamente con otros dos de los arrestados, que habían sido «utilizados», sin saber nada de las posibles extorsiones que sufrió la familia de López Calzado tras su muerte, y menos áun del crimen, para «colaborar» con unas llamadas. Por ello se iba a pagar un sobre de 400 euros.
La investigación también barajó que uno de éstos, de profesión taxista, tuviera contacto con el resto de acusados y se organizaran con su concurso viajes a Málaga y a Eivissa, viajes en los que se situó el coche que se usó para el crimen y la existencia de una casa alquilada.
Hoy estaba previsto que se iniciaran las declaraciones del grupo detenido en Toledo, en cuyo chalet se requisaron armas y droga.
El trabajo llevado a cabo por el instituto armado, pese a las versiones recogidas ayer en el juzgado, se sustenta sobre la base que cada una de las personas que fueron arrestadas tras nueve meses de pesquisas jugaba un papel muy concreto y definido dentro de la organización. Por esta razón se ha considerado que a los autores materiales del crimen podían sumarse los que actuaban no sólo como encubridores sino también como ejecutores de distintos cometidos encargados por la red. Entre éstos, figuraba continuar con las extorsiones que sufrió la familia de López Calzado tras su muerte.
La Guardia Civil entregó por la mañana en el juzgado a los ocho detenidos en una investigación que aún sigue abierta y que se resolvió tras seguirse la pista de que la víctima murió acribillada en la noche del pasado 7 de agosto por no haber pagado hasta 200.000 euros de multa que le impuso uno de los acusados, presunto cabecilla de la banda, por mantener una relación sentimental con su ex novia.