Paraíso Mediterráneo, cuyos propietarios han sido recientemente juzgados por la Audiencia Provincial en Eivissa por un presunto delito de estafa, ha recurrido una sentencia de este órgano judicial -que rechaza un recurso previo de esta misma compañía- en la que se califica como «culpable» la quiebra de esta empresa.
Esta sentencia, fechada el pasado 7 de noviembre, recurrida por Paraíso Mediterráneo y a la que ha tenido acceso este diario, señala que «en el informe del comisario y en la exposición de los síndicos, aceptados en la censura efectuada por el Ministerio Fiscal, se pone de manifiesto que de la documentación presentada no ha sido posible conocer la situación real de la empresa quebrada y, lo que se considera más importante, se desconoce el destino y empleo de los fondos provenientes de los importantes préstamos obtenidos de los bancos, figurando únicamente que la demanda fue sometida a ejecución hipotecaria por parte de la Caixa».
Dos propietarios de Paraíso Mediterráneo, sociedad constructora que declaró la quiebra antes de terminar un edificio en Sant Antoni, se enfrentan además a una acusación de estafa por la que once proveedores de esta obra reclaman 900.000 euros a la Caixa, como responsable subsidiaria, y siete años de cárcel. En este caso el fiscal dijo que no observaba indicios de delito en estos dos empresarios.
Además de los empresarios, también se enfrenta a la misma acusación un tercer hombre que trabajaba en los años en los que Paraíso Mediterráneo construía el edificio de Sant Antoni en SDG, sociedad que en aquella fecha, 1988, pertenecía a la Caixa de Barcelona, entidad que después fue absorbida por la Caixa.
Representantes de los once proveedores que demandan a la Caixa los 900.000 euros y a los tres acusados la pena de siete años de prisión explicaron ayer que la decisión de Paraíso Mediterráneo de recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial que declara la «quiebra culpable» es «una estrategia para alargar el procedimiento». Estos once proveedores no cobraron su trabajo en una obra de Sant Antoni porque la promotora se declaró en quiebra en 1992. «No queremos el dinero para hacernos una casa ni para nada, sólo para pagar las deudas que nos quedaron por su culpa», explicó uno de los perjudicados en los pasillos de los juzgados el día que se celebró la vista, el pasado 22 de noviembre. La sentencia por este juicio aún está pendiente de ser dictada por la Audiencia Provincial de Balears.