Todo se torció en la relaciones que tenían un promotor belga y un asesor fiscal de es Cubells. El primero, sintiéndose estafado y engañado, terminó denunciando al segundo después de que éste estuviera cinco años presuntamente negándole el acceso a la documentación de una empresa de la que asegura ostentar la titularidad.
El acusado, sospechoso de haber cometido un delito societario por esta causa, aseguró ayer en su juicio que siempre actuó honradamente y que no pudo darle lo que le pedía porque el cliente nunca demostró que fuera socio de la firma. Atribuyó el proceso al «descontento» del denunciante después de que la policía belga le interrogara por los negocios que dicha persona tenía en su país. Según la representación legal del afectado, la retención de documentación se debió a que el asesor adoptó esta postura porque no cobraba sus honorarios, algo que el imputado negó tajantemente.
El fiscal pidió en su día el sobreseimiento de la causa pero la acusación particular reclamó que se condene al asesor con una multa de 16.200 euros.
«Vine en 1990 a hacer una promoción de viviendas en Sant Josep y me rodeé de gente de la isla. Todo se complicó y al final me sentí verdaderamente estafado. Por eso contraté al acusado. Pero éste me asesoró mal y llevo cinco años sin poder ver las cuentas de mi empresa».
Así relató los antecedentes del caso el promotor belga, quien, durante la vista, dijo iniciar su andadura en la isla de la mano de los consejos de un abogado de Santa Eulària y con el concurso de un aparejador de Sant Antoni con cargo público. «Todo fue mal y para deshacerme de este grupo contraté a este asesor», dijo. Sin embargo, los problemas reales que fueron motivo de juicio ayer ante un juzgado de lo Penal ocurrieron después de que el asesor actuara como mandatario verbal en la venta de una sociedad que formaba parte de un entramado de firmas inmobiliarias de la que participaba el denunciante y en las que en al menos una de ellas figuraba el acusado como administrador.
La empresa en la que se reconocía la presencia del denunciante fue vendida a otra que, según él, también es de su propiedad. La venta nunca se ratificó porque, según el denunciante, fue mal asesorado por el acusado y éste no se lo indicó. De esta manera, «nunca se pudo demostrar que mi cliente era el dueño de esa sociedad», explicó el abogado del perjudicado.
La policía belga investigó en Eivissa al denunciante por un supuesto delito fiscal ocurrido en sociedades de este país del que el promotor quedó libre de toda sospecha.