Sant Antoni multará a quienes busquen servicios sexuales en las calles

Las personas que ejerzan la prostitución en las calles de Sant Antoni y las que busquen sus servicios podrán ser sancionadas económicamente en el caso de que persistan o reincidan en su actitud, según indica la nueva ley que está elaborando la Corporación y que está basada en la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. El concejal de Gobernación de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, señaló ayer que la cuantía de las sanciones aún está por determinar. En el caso de Barcelona, las sanciones oscilan entre 750 y 3.000 euros, tanto para quienes ofertan servicios sexuales como para quienes lo demandan. Las multas, en el caso de que la persona sancionada lo solicite, pueden ser conmutadas por servicios de carácter social que precise el municipio, como limpieza de playas. En la nueva ordenanza de Sant Antoni, que se prevé que la próxima temporada estará ya en vigor, «se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público». La ordenanza incide de forma especial en la gravedad de realizar ofrecimientos sexuales o buscarlos «a menos de 200 metros de centros docentes o educativos». Esta misma ley municipal prohíbe también «mantener relaciones sexuales retribuidas en el espacio público».

«Los agentes de la autoridad o los servicios municipales se limitarán a recordar a estas personas», apunta la nueva ley, «que las mencionadas prácticas están prohibidas por la presente ordenanza y si las personas persisten en su actitud y no abandonan el lugar podrá ser sancionadas por desobediencia a la autoridad», es decir, serán acusados de un delito que se juzga en los Juzgados de lo Penal. A raíz de una ordenanza del municipio de Calvià que motivó una condena de sanción económica a dos prostitutas que trabajan en las calles de esta ciudad, Sant Antoni decidió copiar la idea para intentar erradicar la oferta y demanda de servicios sexuales en el espacio público. Un grupo de mujeres senegalesas y nigerianas acostumbra a trabajar en verano en los alrededores del viejo Ayuntamiento de Sant Antoni y, al igual que ocurre en el barrio de ses Figueretes, la policía no ha conseguido hacer nada para evitarlo a pesar de las quejas de vecinos y comerciantes. En esta nueva ordenanza, el Ayuntamiento de Sant Antoni se compromete a «a través de los servicios sociales competentes prestar información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y quieran abandonar su ejercicio». No obstante, en el caso de Sant Antoni, las mujeres que ofrecen servicios sexuales en las calles son extranjeras que, en la mayoría de los casos, no tienen en regla su documentación migratoria, por lo que resulta improbable que puedan acogerse a las ayuda de los servicios sociales del municipio. Sant Antoni, además, aún tiene que estudiar la creación de un Plan Integral del Trabajo Sexual que estaría encaminado, de igual forma que la ordenanza, a evitar la oferta de servicios sexuales en la vía pública y poder atender a estas personas en el caso de que quieran abandonar la prostitución callejera.