La Policía Local de Valencia detuvo en diciembre de 2005 a dos colombianos que circulaban en el coche que supuestamente se utilizó un año y tres meses antes para cometer el asesinato del presunto narcotraficante José Miguel López Calzado en la terraza de un restaurante de Sant Josep. Los agentes les encontraron un cargador de pistola, pero los dejó en libertad porque contra ellos no había ninguna orden de búsqueda y captura. Sin embargo, el turismo quedó retenido y a disposición del Juzgado de Eivissa que instruye la causa, Instrucción 1. Aunque este juzgado intentó tomar declaración a los dos colombianos, no fue posible puesto que ambos ya se encuentran en paradero desconocido. Esta información se recoge en el escrito que la Fiscalía ha remitido a Instrucción 1 de Eivissa en que solicita el sobreseimiento provisional del caso de este asesinato, ya que considera que no hay pruebas concluyentes de ningún tipo contra los principales sospechosos, detenidos por la Policía Judicial de la Guardia Civil. En el escrito, el fiscal Antonio Torres Tur considera la detención y puesta en libertad de los dos colombianos, cuyas iniciales son M.H.N. y F.D.R., como «lo más significativo que se ha averiguado» acerca de este complicado caso sin resolver. El coche era un Seat Toledo de color gris con matrícula M-6976-XM que un amigo del fallecido que cenaba con él cuando fue asesinado por dos encapuchados señaló como el utilizado para la huida.
Sin embargo, con los testimonios recogidos, el fiscal tampoco puede asegurar que este vehículo fuera el utilizado en el crimen, ya que hay una testigo, vecina de la zona, que afirma que desde su ventana vio a los asesinos huir en un turismo BMW.
Según el escrito del fiscal, no hay circunstancia alguna que permita relacionar a ninguno de los detenidos -cuyos alias son «Panamá», «Van Damme», «Quini», «El Cuerpo» y «El Francés», entre otros- con el Seat Toledo intervenido en Valencia.
Sí fue posible contactar con un antiguo propietario de este coche, que explicó que lo compró en mayo de 2004 y lo vendió dos meses después a una persona de la que desconoce el nombre, pero que sí reconoció a través de una fotografía. Se trata de R.R.B., que, si esto es cierto, mintió al declarar en su momento que el coche no era suyo y que se lo había prestado otra persona en varias ocasiones.
Por tanto, el fiscal pide el sobreseimiento provisional porque no hay coche, ni huellas, ni reconocimientos fiables, ni testigos ni armas.