El taxista ilegal Stefan Robinescu, de nacionalidad rumana, se sentó ayer de nuevo en el banquillo del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa acusado de dos delitos de robo con violencia, uno de robo con fuerza y una falta por lesiones, hechos por los que el fiscal pide una pena de cuatro años de prisión. Como imputada también compareció una compatriota del acusado, M.A.C., contra la que la fiscalía no abrió diligencias por falta de pruebas de su participación en el robo con violencia. Según la defensa, la imputada sólo ejerció como traductora de Rominescu el día los hechos de los que se le acusaba, el pasado 5 de julio.
Al taxista pirata se le acusa de atracar a dos turistas británicos y de golpear a uno de ellos, aunque sus lesiones no revistieron gravedad y la víctima no necesitó atención médica.
Una de las víctimas, el ciudadano británico Robert Pex, citado como testigo, no se personó en el juzgado, hecho que utilizó la defensa para pedir la libre absolución de su cliente señalando que era una prueba «sin consistencia al no haber testificado Robert Pex en el juicio oral».
La fiscalía presentó una declaración firmada por Christopher Edwards Evans, la otra víctima, el 17 de julio. En ella, el inglés relató que después de tomarse unas copas en Sant Antoni cogió un taxi. Durante el trayecto descubrió que no tenía dinero y pidió a Robinescu que parara en un cajero y mientras lo hacía le golpearon y le quitaron las joyas que llevaba encima. Luego M.A.C. le pidió el PIN de su tarjeta de crédito, que el acusado había sustraído. Según la declaración del británico, cuando se dirigían a otro cajero para obtener más dinero, una patrulla de la Policía Local de Sant Antoni les dio el alto por ir en dirección prohibida, momento en el que Evans aprovechó para abalanzarse sobre los agentes pidiendo auxilio.
«Auténtica víctima»
Este hecho fue esgrimido ayer por el fiscal para pedir que se tuviera en cuenta la declaración del testigo inglés ya que se comportó como una «auténtica víctima, con miedo y terror al verse encerrado». El fiscal vio en este acto un delito de robo con extrema violencia y afirmó que fue consumado ya que el acusado estuvo en posesión de los objetos sustraídos, la mayor parte de los cuales se encontraron en el vehículo.
La defensa, en cambio, señaló que «no estaba claro lo sucedido, ya que quizás el acusado estaba exigiendo el derecho a cobrar su servicio dado que Evans cogió el taxi sin llevar dinero», por lo que pidió la absolución de su cliente.
También recordó que Rominescu consignó la cantidad de 3.000 euros para reparar cualquier daño que le pudiera haber producido a Evans. El acusado, por su parte, lamentó enormemente lo ocurrido.