Un grupo de unos veinte funcionarios intentó ayer por la mañana ralentizar el trabajo del Registro Civil, cuyos empleados, en su mayoría, han decidido no secundar la huelga que desde hace tres semanas. «Hemos estado en el Registro Civil porque teníamos hacer ciertos trámites, como partidas de nacimiento y otras certificaciones, con lo que se ha formado una cola considerable. Lo hemos hecho para que hacer constar que el Registro Civil precisa de más personal», explicó el delegado del CSI-CSIF, Juan Nieto. Para evitar el colapso, se tomaron medidas, como dejar que los huelguistas entraran sólo de dos en dos en el Registro. Fuentes judiciales explicaron que entre los huelguistas hay cierto malestar porque funcionarios del Registro Civil no se han sumado al parón. Anteayer los funcionarios no pudieron cortar la avenida Ignasi Wallis, ya que la Dirección Insular no les ha dado permiso. A cambio han pedido que les dejen cortar otra calle menos céntrica cada día por la mañana durante quince minutos.
Por otra parte, los magistrados de la isla celebraron anteayer una Junta General de Jueces en la que se decidió apoyar públicamente y por unanimidad a los funcionarios que están cumpliendo la huelga indefinida, en protesta por el agravio comparativo que padecen respecto a sus colegas de las comunidades autónomas en las que ya cuentan con las competencias en materia de Justicia. Los jueces expresaron su «total proximidad o comprensión hacia las aspiraciones, consideradas justas y atendibles, de dignificación salarial y condiciones de trabajo en general, que motivan la convocatoria de la presente huelga». También se refirieron a «la grave preocupación por las notorios retrasos, acumulación de pendencia y suspensión de señalamientos que la referida huelga está produciendo; y lamentar las molestias y perjuicios que todo ello está suponiendo para el conjunto de los ciudadanos implicados en trámites o asuntos judiciales».
Además, indicaron la «pertinencia y necesidad de hacer públicas tales indicaciones, al incidir la huelga de referencia, directa y gravemente, en el desempeño de la función jurisdiccional que la Constitución y las leyes imponen a los miembros del Poder Judicial; y al afectarse la responsabilidad que a ellos compete como garantes de los derechos e intereses del justiciable y de la efectividad de la tutela judicial».