El juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa dejó ayer visto para sentencia la causa contra un a vecina de sa Penya y su pareja, domiciliado en Santa Eulària, que fueron detenidos por la policía días atrás después de que fueran sorprendidos caminando de la mano pese a que existía una orden judicial que impedía el acercamiento del hombre a su compañera, actualmente en avanzado estado de gestación.
La actuación policial tuvo lugar al conocerse que el acusado fue condenado en su día por un delito de maltrato denunciado por la familia de su pareja. Se da la circunstancia de que los dos afectados solicitaron en su día un indulto al Ministerio de Justicia.
El fiscal pidió ayer nueve meses de cárcel para el hombre por quebrantamiento de condena y retiró la acusación que pasaba, con seis meses en juego, contra la mujer, persona que en un principio fue considerada cooperadora necesaria para que su novio fuera a sa Penya.
Lejos de todo ello, el sospechoso, que se declaró un toxicómano habitual desde hace ahora algo más de tres años, aseguró que únicamente había ido a sa Penya para conseguir una dosis de droga. De hecho, tras su arresto, tuvo que pedir a la policía que lo trasladaran al hospital porque se encontraba mal a causa de su síndrome de drogodependencia. «No fui buscándola a ella. Nos encontramos de causalidad. Cuando tengo el mono sólo atiendo a eso», explicó. Éste, además, indicó que agentes de policía que frecuentan este barrio en tareas de prevención de la delincuencia ya le habían advertido en otras ocasiones que no podía ir al barrio porque pesaba sobre él una orden que le impedía acercarse a la futura madre de su hijo. «Saben que soy toxicómano. Es verme y no parar», dijo el acusado.
Sin miedo
La mujer, emparentada con un clan de este barrio, señaló que no sólo no le tenía miedo a su novio sino que además estaría dispuesta a convivir con él. «A mi familia no le gusta por su problema con las drogas. Ellos fueron los que presentaron la denuncia. Pero ese día, coincidimos, él subía y yo bajaba cuando nos vimos», declaró dicha persona antes de que el fiscal retirar cargos contra ella que le podían haber supuesto una condena de seis meses de prisión.