EFE - R.S.
La Comisión de Justicia del Congreso rechazó ayer una proposición no de ley del PP en la que se insta al Gobierno a crear un laboratorio móvil en Eivissa para el análisis de sustancias estupefacientes. El PP recoge de esta forma una veterana reclamación del juez decano de Eivissa, Juan Carlos Torres. En la iniciativa, que fue rechazada por diecinueve votos en contra y dieciocho a favor, también se solicitaba al Ejecutivo que agilizara el estudio de las muestras en el Àrea de Salud de la Delegación del Gobierno en Balears.
El diputado del PP Enrique Fajarnés criticó el estado «lamentable» de los Juzgados de Eivissa, al tiempo que denunció el incumplimiento de las promesas del PSOE sobre la construcción de un nuevo edificio judicial en la isla desde hace cinco años.
«Dilaciones»
Fajarnés explicó que, para determinar las características de los estupefacientes requisados en las islas de Eivissa y Formentera, se remiten las muestras al Àrea de Salud de la Delegación del Gobierno, situada en la isla de Mallorca. Apuntó que este proceso, que puede alargarse durante meses, provoca dilaciones innecesarias en numerosos procesos judiciales y ha obligado, en diversas ocasiones, a poner en libertad a supuestos narcotraficantes por expirar el tiempo máximo que podían permanecer en la cárcel de forma provisional.
Recordó que hace meses que los Juzgados de Eivissa reclamaron un laboratorio móvil para evitar depender del trabajo del Àrea de Salud de la Delegación del Gobierno, sin que, hasta la fecha, haya habido respuesta que solucione definitivamente el problema.
Por su parte, el diputado socialista por Balears Pablo Martín rechazó la iniciativa del PP por considerar que «su contenido ha caducado» y está basada en recortes de periódicos de septiembre y octubre del año pasado que «no se corresponden con la realidad actual».
Martín indicó que los Presupuestos Generales del Estado para 2010 incluyen una partida de 60.000 euros para la remodelación y la construcción de nuevos juzgados en Eivissa y una dotación de 389.000 euros para el alquiler de infraestructura inmobiliaria hasta que se produzca la remodelación.