Sólo uno de los cuatro acusados que tuvieron que sentarse en el banquillo en mayo del 2008 por el denominado 'caso Obiang', la supuesta trama de extorsión presuntamente comandada por un ex guardia civil de Eivissa y en la que se vio afectado un hijo y ministro del presidente guineano, sabe que va a ser absuelto. El fiscal retiró la acusación contra él pero el resto, el ex agente de la Patrulla Fiscal de la Guardia Civil Francisco Javier G.C. y los dos ex miembros de la Armada Pablo C.G., quien en su momento fue testigo protegido del caso Lasa y Zabala, y Miguel S.B., esperan desde entonces la decisión del tribunal.
Ya va para año y medio y no hay constancia de que la Audiencia Provincial tenga previsto su fallo. Todo ello después de una instrucción que se dilató en el tiempo durante más de siete años, circunstancia que también benefició a los sospechoso. El fiscal, ante la tardanza en la instrucción, rebajó en su informe final las penas pedidas por los acusados.
Dilación
Los principales acusados se enfrentaban en un principio a condenas de 18 y 17 años de cárcel. El 27 de mayo de 2008, último día de los dos que duró la vista oral, el fiscal tuvo en cuenta el peso que había supuesto para los imputados estar siete años para sospecha, a la vez que eliminaba uno de los cargos de extorsión que existían sobre ellos, y redujo sus peticiones para ellos hasta dejarlas en 12 y 11 años de prisión. Ese mismo día retiró la acusación contra el guardia civil que se jugaba cinco años de cárcel por supuestamente facilitar datos a su compañero de la base de datos del instituto armado, una práctica que en la vista se demostró que era entonces habitual en la plantilla de Eivissa para hacerse «favores» entre los agentes a la hora de las comprobaciones.
El 'caso Obiang' se destapó después de que el Gobierno guineano expresara su malestar al español por las supuestas extorsiones que estaba sufriendo Teodoro Gguema Obiang en Eivissa tras ofrecérsele protección privada. La propia Guardia Civil investigó la denuncia y, tras ello, se produjo un registro en la empresa ATISS que puso al descubiertos supuestas nuevas extorsiones en la agenda de «clientes» de esta empresa.
La instrucción judicial halló indicios de que tars la empresa ATISS se escondía supuestamente una trama de extorsión. La firma ofrecía protección y servicios de investigación a las personas con las que contactaba pero, según algunas de los testimonios recogidos, étos servicios venían de la mano de fuertes presiones, amenazas y peticiones económicas para que fueran aceptados. Además, durante las pesquisas se determinó que los acusados se valían de todo tipo de artimañas y engaños para convencer a los clientes.