Cinco marroquíes residentes en Sant Antoni detenidos por la Guardia Civil hace tres años en una investigación contra una red de inmigración ilegal que compaginaba esta actividad con el tráfico de drogas fueron juzgados ayer por la Audiencia Provincial. Todos los acusados respondieron ayer únicamente del delito contra la salud pública que se les imputaba. El fiscal pidió cuatro años de prisión para el principal imputado, Rachid F., y tres para los otros tres sospechosos: Rachid H., Said E.B., Said B. y Younes B., éste último sobrino del anterior. Sólo el primero reconoció su relación con el kilo de hachís y los 90 gramos de cocaína que se requisaron en su casa del edificio el Faro II. El resto negó tener relación con la red e incluso, tres de ellos, conocer la existencia de la droga hallada en los domicilios que ocupaban en otros apartamentos de las calle Vara de Rey, Rosers y de los edificios Faro I y Faro II.
La actuación policial, llevada a cabo por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (Edoa), se realizó en marzo de 2007 en el transcurso de la denominada Operación Joya. Los agentes investigaron una cafetería, un locutorio, un kebab y una peluquería propiedad de otro marroquí al que no se le intervino droga pero que quedó encartado en las diligencias paralelas que se realizaron por la red ilegal de inmigración que se destapó. Se aprehendieron dos kilos y medio de hachís, 95 gramos de cocaína y 35 éxtasis, así como balanzas de precisión y útiles para la confección de las dosis.
Según las defensas, que pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas, éstas se concedieron por vagas sospechas y no por indicios reales, tal y como se recoge en la ley.
Rachid F. afirmó que vendía hachís exclusivamente para poder consumir cocaína, droga que debía «cocinar» para fumarla. Rachid H. negó conocer a los otros implicados y Said E. B. sólo declaró ser un mecánico que llevaba hachís a su trabajo para fumarlo. Los otros dos acusados , tío y sobrino, también afirmaron no tener nada que ver con la droga.