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Una niña de 10 años vivía en la casa 'abierta' a la venta de cocaína

El fiscal pide el ingreso en prisión del matrimonio que residía en este domicilio de Cala Llonga mientras se investiga la posible participación de otras dos personas

La droga y utensilios intervenidos por la Guardia Civil a la pareja de Cala Llonga.

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El ibicenco Juan T.T, de 54 años, y su mujer, la colombiana Ilse María Miranda B., de 38, son la pareja que fue detenida por la Guardia Civil de Santa Eulària en la investigación que, como adelantó ayer este periódico, ha permitido desmantelar un punto de venta de droga en Cala Llonga que, según las pesquisas que se han llevado a cabo, llevaba mucho tiempo operando.

El matrimonio, cuyo cabeza de familia tenía oficialmente negocios relacionados con la construcción, tiene una hija de 10 años que compartía con ellos un domicilio donde todo apunta a que el trasiego de personas que venían a adquirir estupefacientes era continuo.

Básculas

En la casa se han encontrado 14,8 gramos de cocaína y numerosos útiles habituales de las personas que venden droga al por menos, como es el caso de básculas de precisión, alambres y bolsistas para confeccionar los paquetes de dosis.

El fiscal pidió ayer prisión para el matrimonio mientras otras personas, otro hombre y una mujer sin lazo alguno de parentesco, están siendo investigados para aclarar su posible relación con las actividades de tráfico de droga que se han atribuido a la pareja. Se cree que ambos podrían participar como recaderos. Ambas personas, junto con los detenidos, pasaron ayer por el juzgado de guardia para declarar en calidad de imputados. La pequeña afectada por esta situación ha quedado a cargo de su abuela. Su madre se declaró inocente. La Comandancia de la Guardia Civil informó ayer de la culminación de esta operación, denominada 'Seven Eleven, que el Àrea de Investigación del puesto de Santa Eulària ha podido culminar gracias a la colaboración ciudadana.

Quejas vecinales

Los agentes de Santa Eulària montaron un operativo de vigilancia desde que desde el pasado mes de octubre se recogieran múltiples quejas vecinales que alertaban de un excesivo número de vehículos y personas que visitaban el lugar.

Las comprobaciones efectuadas por el Instituto Armado sirvieron para que, con fundadas sospechas, se pudiera obtener una orden de registro y acabar con este punto de venta de distribución de drogas.

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