«Reconozco la responsabilidad y acepto la pena». Con estas palabras quedó cerrado el caso del alto funcionario del Consell d'Eivissa J.G.V., que de esta forma aceptó los dos años de prisión que pactaron su abogada y el ministerio público por un delito de malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito continuado de falsificación de documento mercantil. J.G.V., «sustrajo la cantidad total de 300.000 euros sirviéndose de su cargo funcionarial de jefe de sección del Departamento de Política Social y Sanitaria del Consell Insular d'Eivissa entre los años 2005 a 2008, y posteriormente de su cargo de secretario técnico del Área de Ciudadanía de dicho Consell en 2009 hasta el 13 de mayo de 2010 (...) a lo largo de estos cinco años, animado por la clara intención de enriquecerse patrimonialmente a costa de las arcas del Consell d'Eivissa».
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