El juicio contra los 21 acusados de una red italiana de venta de droga comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Palma con silencio ya que todos ellos hicieron uso de su derecho a no declarar argumentando que las escuchas telefónicas preparadas por los Equipos contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Ibiza y Palma son ilegales a pesar de que contaban con datos de la Interpol.
Un argumento que también empleó la defensa de los acusados, que se enfrentan a una pena total de 86 años y medio de prisión, además de multas e inhabilitaciones consustanciales a los delitos contra la salud pública y otros de menor entidad que se les imputan.
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