El jurado popular ha rechazado la limitación a la retransmisión de imágenes del juicio como pidieron las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra, que en la jornada de alegaciones han solicitado restricciones a la captación y reproducción en el transcurso del proceso que trata de esclarecer si ellos acabaron con la vida de su hija Asunta Basterra en septiembre de 2013.
Según han explicado, lo que trataban de evitar era la retransmisión de las imágenes del juicio, pero no querían que se desarrollase a puerta cerrada, sino que los periodistas únicamente podrían tomar notas de lo que sucediese en la sala, para después contarlo a través de sus respectivos medios de comunicación.
El objetivo era intentar «garantizar un juicio justo», ha señalado Belén Hospido, que representa a Alfonso Basterra, quien, vestido con un jersey azul, ha permanecido reflexivo y con las manos en la boca durante buena parte de los momentos iniciales del proceso.
Por su parte, Rosario Porto, vestida completamente de negro, se ha mostrado cabizbaja, y su letrado, José Luis Rodríguez Aranguren, que ha intervenido en primer lugar, ha apelado a la «preocupación» expresada por algunos testigos para justificar su petición.
Consecuencias
Así, se ha referido a que testigos, mediante escritos, reclamaron declarar tras un biombo «para evitar ser vistas» por las «consecuencias» que esto podría tener, por ejemplo, ante sus «alumnos menores de edad», que podrían ver afectada, ha dicho, «su salud mental», por «el trauma» de identificar a sus profesores en el juicio.
En concreto, Aranguren precisó que no solicitaba «puerta cerrada» para el juicio sino determinadas «restricciones», sin perjuicio, ha resaltado, para el derecho a la información que recoge la Constitución española.
Al respecto, ha citado legislación y hasta la declaración universal de derechos humanos para reclamar que «sea suficiente» con las notas que tomase la prensa.
Como el abogado de Rosario Porto, la de Alfonso Basterra ha aludido a los programas y tertulias que, desde que ocurrieron los hechos, se han venido emitiendo en televisión en torno a la muerte de Asunta.
Así, y sin cuestionar la «publicidad» de dichos debates, ha justificado en el «derecho» a un «juez imparcial» y en la «no contaminación» de jurados y testigos la demanda de «medidas de limitación», por la «colisión» de derechos.
Realidad
Por el contrario, el Ministerio Fiscal ha señalado que «procede la publicidad» al entender que quien quiera opinar sobre el juicio lo hará, y, en su opinión, es preferible que lo hagan a partir de «materia prima» que sea «la realidad» de lo ocurrido en la sala.
«La libertad de opinar nadie la puede restringir», ha advertido, en su turno, el fiscal Jorge Fernández de Aránguiz. A su juicio, «quienes quieran opinar» sobre el tema, «ciudadanos o profesionales, van a hacerlo igual» y, por tanto, «en beneficio del correcto funcionamiento de la justicia», lo que ha visto como «lo correcto y conveniente», también para la «tranquilidad» de los miembros del jurado, es «que quien quiera opinar opine sobre la base de lo que realmente se ha visto y oído en esta sala de vistas, no sobre lo que quien sea diga que aquí dentro ha ocurrido».
El presidente del tribunal del jurado, Jorge Cid, tras intervenir Ricardo Pérez Lama en nombre de la acusación popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, ha optado por consultar al jurado -como prevé la ley- y les ha instado a que deliberen sobre esta cuestión.
Restricciones puntuales
Tras una media hora reunidos, los jurados han determinado que las imágenes sí se puedan emitir, al argumentar que esto no le va a afectar. El presidente del jurado ha decidido que esto sea así, «sin perjuicio de restricciones puntuales» en caso de menores, por ejemplo
Al respecto, Cid ha rechazado el argumento de «juicios paralelos» y ha visto «solventado» el «daño» por la intensidad de las informaciones con la consecución de jurados que «no se dejan influenciar» pos los medios de comunicación.