La Fiscalía pide entre 5 y 8 años y medio de prisión para 27 miembros de la mafia rusa Tambovskaya Malyshevskaya por blanquear en Balears y otros lugares de España, el «enorme rendimiento económico» que generaban sus actividades delictivas en otros países «mediante asesores jurídico-financieros» que se acabaron integrando en la organización.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción acusa a los 27 de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita y pide penas de 8 años y medio de cárcel para el presunto cabecilla de la trama, Gennadius Petrov y su mano derecha, Leonid Khristoforov, y 5 años y 6 meses para el resto de encausados.
Según los fiscales anticorrupción de Baleares y Madrid, Juan Carrau y José Grinda, los acusados controlaban, desde sus residencias en las costas españolas, actividades delictivas en Rusia y luego canalizaban los beneficios en España.
Una decena de los imputados están en búsqueda y captura, entre ellos Khristoforov y Petrov, este último huido de la justicia desde 2012, cuatro años después de ser detenido en 2008 en la operación Troika por orden del juez Baltasar Garzón y puesto luego en libertad bajo fianza.
Los fiscales explican que los encausados eran originarios sobre todo de San Petersburgo y Moscú, pero vivían y operaban en Baleares, Levante y la Costa del Sol.
Desde esos lugares controlaban la red, a la que se imputan en otros países asesinatos, palizas por encargo, amenazas, coacciones, tráfico de armas, estafa, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contrabando, tráfico de drogas, delitos contra la Hacienda Pública y la descapitalización fraudulenta de sociedades.
Forman parte, según los fiscales, de «lo que en el ámbito delincuencial de origen ruso ha venido en llamarse Comunidad Criminal (Prestupnoe Soobschestvo), integrada en una estructura que se trasladó y actúa en España desde el año 1996».
La mayoría de sus miembros tienen antecedentes penales en Rusia, otros países de la UE, Suiza y los Estados Unidos, y controlaban, desde sus domicilios en España, «las actividades criminales de los respectivos grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados».
En España blanqueaban el dinero obtenido de esas actividades valiéndose de asesores jurídico-financieros «que trabajan casi en exclusiva para la organización» y que se acabaron integrando en ella -hay cinco acusados españoles-.
Así, se generaba lo que los fiscales califican como una especie de «unión temporal de empresas criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles», cuyo objetivo en España era integrar los beneficios en el sistema económico mediante ampliaciones de capital, préstamos societarios, tránsitos de dinero desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países como Alemania.
En España, por tanto, la red se dedicaba a introducir capitales violando la legislación y eludiendo el pago de impuestos, una actividad, destaca la Fiscalía, «aderezada con simulaciones de contratos y falsedades documentales capaces de distorsionar» la verdadera titularidad del dinero.
Los miembros de la comunidad criminal, cuyos dirigentes eran «compañeros de banda en su juventud», compartían responsabilidad, se repartían segmentos de poder y empleaban «sus contactos para pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial».
Con estos favores, destacan los fiscales, pretendían «seguir incrementando su riqueza, borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España o proporcionar auxilio fraternal a sus iguales en su llegada a nuestro país».
En el vértice de la organización figura Petrov, al que sus miembros se dirigían como «caudillo, líder o 'boss'», que es conocido en el mundo de la delincuencia rusa como una «Autoridad criminal» (Autoritievti) y tiene numerosos antecedentes.
En su entorno más próximo, indican los fiscales, estaban los imputados Elena Petrova, que participa en las decisiones importantes y en las sociedades de Petrov; Khristoforov, su «mano derecha» y que ejecutaba sus órdenes, y el abogado Juan Antonio Untoria Agustín, que le ayudaba a gestionar los fondos ilícitos.