La Audiencia de Palma juzgará el próximo lunes al exconseller de turismo Francesc Buils y al que fuera responsable económico de Unió Mallorquina (UM) Miquel Àngel Flaquer, para quienes la Fiscalía pide 4 años y 4 meses de prisión y 3 años y 8 meses, respectivamente, por presunta malversación y prevaricación.
En esta pieza separada número 3 del llamado caso Voltor, Anticorrupción considera que Buils se aprovechó del cargo público, y tanto él como Flaquer de su posición directiva en UM y se pusieron de acuerdo para idear un plan a partir del cual los fondos de Inestur escaparan del control y dominio público y quedaran sujetos solo a su voluntad para beneficiar al partido.
Según la Fiscalía, para hacerlo posible aprovecharon su jerarquía en el partido y en Inestur sobre Álvaro Llompart que era simultáneamente director económico del organismo autonómico y contable de UM.
El plan consistió en transferir fondos de Inestur a una cuenta de Banif donde, en perjuicio de la administración, se devengarían intereses en beneficio de UM y de los acusados.
Según la Fiscalía, Flaquer fue quien concretó el diseño y las condiciones de la operación, pese a que no tenía ninguna relación con Inestur, todo ello sin conocimiento del gerente de dicha entidad.
En marzo de 2008 Buils y Llompart abrieron la cuenta en Banif y transfirieron 1,2 millones de fondos de Inestur a ella, a pesar de no contar con la autorización pertinente y sí con la denegación por parte de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Govern, porque la entidad bancaria no está incluida en el contrato marco de tesorería de la administración autonómica.
En diciembre de 2008, la entidad financiera clausuró la cuenta al percatarse de que los imputados buscaban un beneficio privado y no actuaban en interés de la administración.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Govern ha calculado que los intereses que dejó de percibir la administración por ese importe de 1,2 millones habrían alcanzado los 30.871 euros.
Según Anticorrupción, el contrato de cuenta corriente de Banif suponía un interés nulo y un considerable beneficio para dicha entidad, a la vez que posibilitaba el uso clandestino de los fondos públicos por parte de los acusados.
La Fiscalía solicita que Banif sea condenada a restituir 30.871 euros al Govern, y los cuatro acusados deberán responder de los perjuicios ocasionados por dicha cuantía al ejecutivo autonómico, en un 40 % en el caso de Buils y Flaquer, y del 10 % cada uno para Llompart y Otero.