Agentes de la Policía Nacional han detenido a 55 personas en Zaragoza, Tarragona, Badajoz y Jaén, acusadas de trabajar en 14 empresas «ficticias» y de cometer un fraude que asciende a 724.000 euros.
A los detenidos, que son socios, administradores y presuntos trabajadores de empresas ficticias vinculadas con el sector de la luz y del gas, se les imputan delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal, según han informado este viernes fuentes de la Policía Nacional en una nota de prensa.
Entre los detenidos se encuentran los ocho máximos responsables del grupo criminal, según dichas fuentes, que han explicado que se han investigado a un total de 117 personas.
La mayoría de las detenciones se han producido en la ciudad de Zaragoza, aunque también en las localidades de Tarragona, Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz) y Linares (Jaén), y la Policía no descarta que se produzcan nuevos arrestos.
Según dichas fuentes, el modus operandi ideado para delinquir consistía en la creación de un entramado de compañías por parte de un grupo de supuestos empresarios de la capital aragonesa, que se dedicaban a captar a personas con situaciones de necesidad económica a las que ofrecían la formalización de contratos de trabajo fraudulentos.
Gracias a estas actividades, un total de 44 personas han solicitado y accedido a otras tantas prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal por cuantías que oscilan entre los 400 y los 11.000 euros, hasta un valor total de casi 194.000 euros.
A esto habría que sumar lo obtenido por prestaciones por maternidad e incapacidades laborales temporales que aún se están investigando.
Los agentes descubrieron este grupo de 14 empresas, creadas por ocho ciudadanos españoles, en las que coincidían varios datos esenciales como las fechas de creación de las empresas, los domicilios sociales, los socios y, a menudo, incluso traspasaban a los supuestos trabajadores de una empresa a otra.
Además, ocho de estas empresas realizaban las altas y bajas de los trabajadores por medios telemáticos aprovechando las facilidades que la administración electrónica.
La creación de estas empresas, declaradas ficticias, sirvió para que un buen número de extranjeros extracomunitarios accedieran a permisos de residencia o a sus renovaciones y para que ciudadanos españoles tuvieran acceso a prestaciones sociales por desempleo, bajas por maternidad o incapacidades temporales.
Los contratos suscritos con estas empresas servían de cauce para la acumulación de periodos de carencia, cotizando en el sistema de la Seguridad Social, necesarios para el posterior disfrute de estas prestaciones.
El total de trámites de residencia efectuados vinculados a contratos con este grupo de empresas asciende a 67, aunque han sido archivados, denegados o extinguidos de oficio por la propia Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.
Según dichas fuentes, el total de sanciones económicas impuesto por la Seguridad Social a estas empresas arroja una cantidad de 237.538 euros, y la deuda con la propia Seguridad Social es de 216.110,62 euros.
El concepto de créditos incobrables suma los 77.006,46 Euros, con lo que, sin tener en cuenta las cantidades que hayan podido defraudar en concepto de incapacidades temporales y/o maternidad, la suma total del fraude descubierto asciende a la cantidad de 724.452,84 euros.