La Federación de Asociaciones de Padres de Ibiza (FAPA) expresó ayer su «condena más absoluta» ante los «gravísimos» hechos relacionados con la instalación de cámaras ocultas en los baños de profesoras del CEIP Sant Rafel. Un bedel del centro educativo ha sido detenido por este motivo.
La FAPA lamentó que se trata de unos hechos «de extrema gravedad» que, de confirmarse, constituirían una vulneración intolerable de la intimidad, dignidad y derechos fundamentales de las personas afectadas, quebrándose además la confianza que debe existir en cualquier entorno educativo y laboral.
Desde la entidad trasladaron su apoyo y solidaridad a las docentes afectadas y al resto de la comunidad educativa ante unos hechos que viven con consternación y preocupación. «En momentos así es imprescindible colocar a las personas afectadas en el centro y garantizarles el acompañamiento necesario preservando su privacidad en todo momento», insistieron desde FAPA Ibiza.
También consideraron fundamental dejar que la investigación continúe con la máxima celeridad y rigor y, si se confirman los hechos, que se depuren las responsabilidades que correspondan y se adopten las medidas necesarias para que una situación así no se vuelva a producir.
«Los centros educativos deben ser espacios seguros, de confianza y respeto para todas las personas que forman parte de ellos. Cualquier conducta que atente contra estos principios es absolutamente incompatible con los valores que defendemos», señalaron desde la FAPA.
La Federación reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, la protección de su intimidad y la construcción de entornos laborales y educativos libres de cualquier forma de violencia, acoso o vulneración de los derechos fundamentales.
Detenido
Según confirmó ayer la Guardia Civil, la detención del bedel se produjo el pasado 12 de junio, todavía en pleno curso escolar. El presunto autor de los hechos es un español de 47 años y está acusado de un presunto delito de revelación de secretos y delitos contra la intimidad. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.
El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, que es quien se encarga de la contratación de los conserjes en los centros educativos del municipio, reiteró ayer sus intenciones de personarse en el caso, por lo que está pendiente del pronunciamiento de la Justicia.
Según señalaron fuentes municipales este pasado martes, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la apertura de diligencias previas por un presunto delito que involucraría a su empleado municipal, el Consistorio actuó «de forma inmediata solicitando su personación en el procedimiento judicial para conocer los hechos, las resoluciones dictadas, y en el marco de sus competencias, poder tomar de forma inmediata las medidas administrativas y cautelares que puedan corresponder».
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