El fiscal Carlos Castresana pidió ayer al juez Manuel García Castellón la prisión de Jesús Gil eludible con el pago de una fianza de 200 millones de pesetas y la misma medida cautelar con una fianza de 100 millones para el ex vicepresidente del Club Enrique Cerezo y para el ex director general Miguel Angel Gil Marín.
Según fuentes jurídicas, el juez decidirá si acuerda estas medidas en los próximos días tras celebrar una vistilla con los tres imputados en la que el fiscal solicitó estas fianzas ante el riesgo de destrucción de pruebas. Además, el magistrado conoció ayer, a través de los abogados de Jesús Gil, que el BOE publicó el pasado día 8 la Ley que deroga el decreto de 20 de octubre de 1969 en el que se basó la administración judicial del Club Atlético de Madrid. Para la defensa de Gil, tras esta publicación se debe anular la administración judicial, aunque fuentes del juzgado y de la fiscalía aseguraron que esta Ley no entrará en vigor hasta dentro de un año. En concreto, se trata de una disposición derogatoria, incluida en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, del decreto «sobre administración judicial en caso de embargo de empresas».
La nueva Ley recoge que en el caso de las medidas cautelares adoptadas con una legislación anterior «se podrá pedir y obtener su revisión y modificación con arreglo a la presente Ley». Esta Ley también incluye una nueva regulación que se aplicará en casos en los que «se embargue alguna empresa o grupo de empresas».