La Liga de Fútbol Profesional de España (LFP) emprendió acciones legales para bloquear la decisión de la federación local (RFEF) de suspender indefinidamente la competencia a partir del 16 de mayo por una disputa con el gobierno sobre una nueva ley sobre los derechos televisivos.
La ley, que cuenta con el apoyo de la LFP, fue aprobada la semana pasada y busca un reparto más equitativo de los fondos entre los clubes de las dos principales divisiones del fútbol español.
No obstante, tanto la RFEF como el sindicato de futbolistas AFE se han opuesto a la nueva ley y apoyan una huelga que afectaría las dos últimas jornadas de la Liga y la final de Copa del Rey entre Barcelona y Athletic Bilbao a fines de mes.
En un comunicado, la LFP dijo que la decisión de la RFEF carecía de «pleno derecho» y que inició «las acciones legales correspondientes, ante los órganos administrativos y judiciales competentes, en defensa de los derechos e intereses legítimos».
La ley española da a la LFP la potestad para organizar las competencias profesionales de fútbol y aprobar el calendario de éstas, argumentó la Liga, que solicitó responsabilidades disciplinarias por la convocatoria del paro.
La RFEF, por su parte, ha acusado al Gobierno de «falta de respeto» y se quejó de no haber sido consultada sobre la nueva ley. La federación cree que la ley le quitará algunos poderes y rechaza lo que asegura son planes para utilizar los dineros del fútbol para financiar otros deportes, demostrando así su falta de solidaridad con otros deportistas que no mueven el dinero de los futbolistas.
La nueva regulación busca sustituir un sistema mediante el cual los derechos televisivos son vendidos por los clubes de manera individual -algo único entre las principales ligas de Europa, donde se utiliza la negociación colectiva-, lo que podría llevar a un fuerte incremento en los precios que pagan las cadenas de televisión a partir de la temporada 2016-2017.
La situación actual favorece al Real Madrid y al Barcelona, aunque la nueva estructura seguiría favoreciendo a los clubes más grandes.
Los equipos con menos recursos, sobre todo los que arrastran deudas fiscales, han pedido durante años que los derechos se vendan de forma conjunta.
La LFP ha convocado para el lunes una asamblea general extraordinaria de los 42 clubes profesionales de las dos principales divisiones del fútbol español.