Nuestro presidente del Gobierno debe tener razón, somos un país muy próspero. El próximo 16 de abril entra en vigor la reducción de la jornada a 35 horas semanales para todos los empleados de la Administración General del Estado. En sentido estricto son unos 246 mil y en sentido amplio unos 520 mil, según informa el impagable aliado, ChatGPT, con el que he ido buscando todos los datos que utilizo. Esto es sólo el principio, ahora vendrán los funcionarios de las CCAA, Ayuntamientos y demás entidades públicas. En total suman tres millones ciento siete mil. El efecto dominó está cantado, y todos reducirán la jornada hasta las míticas 35 horas. Y luego vendrán las contratas públicas, el sector privado...
Las horas laborables al año de un teórico funcionario público promedio son 1.680 horas a la semana. Eso sí, sin descontar los «moscosos», los «canosos», otros permisos, pausas diarias computables como tiempo de trabajo (la media hora del bocata), el absentismo... Todos estos conceptos podrían reducir la jornada efectiva en unas 300 horas al año. El coste salarial y de seguridad social en promedio anual de la función pública se estima en 50.440 euros. Por tanto la hora promedio sale a 30 euros. Multipliquen 3.107.000 funcionarios por 47 semanas por 75 euros (dos horas y media por 30 euros). La cifra es estratosférica, dudo al leerla: 10.952.175.000 euros. Casi 11 mil millones de euros.
El ministro al mando de la operación ya ha dicho que no hay problema, que los servicios al ciudadano están garantizados. Puede que haya mucho humor negro detrás de esa afirmación (para lo que hacemos, no se va a notar...). Me pregunto: ¿no es una opción seguir trabajando las 37,5 horas y rebajarnos los impuestos a los demás? Sería de justicia, una vez que el sector privado trabaja de promedio más de 38 horas a la semana.
Los 11 mil millones son el 8,27 % de la recaudación del IRPF, total 133 mil millones en 2025. Podrían hacer una rebaja fiscal en el IRPF descomunal para la mitad de los contribuyentes del IRPF: no pagarían nada. Esa mitad aporta el 8% de la recaudación. ¿No es eso trabajar para los más desfavorecidos, que seguramente son los que hacen más horas a la semana? Conclusión: que algunos «pioneros» trabajarán menos horas sin reducir su ingreso, que los demás pagaremos, y esto nos conducirá a la prosperidad general.
Luego hay otra iniciativa que pone de relieve el desprestigio social del trabajo: el registro horario de la jornada. Nuestra Ministra de Trabajo batalla para salvar su registro digital en todo el mundo laboral. Me pregunto porqué no está funcionando a pleno rendimiento en las administraciones públicas antes de implantarlo a todo el país. Las administraciones son un ámbito mucho más regulado y estable que las empresas privadas, que están todo el día adaptándose a los cambios continuos. Así podríamos saber el rendimiento de la iniciativa antes de generalizarlo. A lo mejor sale la torta un pan.
Trabajar sin apuntarlo es un delito de lesa patria. Te cae la mundial. Y sin embargo, el que quiera puede tener dos trabajos. Entonces, ¿para qué tanto apuntar y controlar? La única explicación que encuentro es que conforma un elemento más de dominio de la autoridad sobre el ciudadano privado. Y todos a trabajar para la autoridad, más burocracia, sin que el coste que supone que casi 22 millones de personas dediquen su tiempo a apuntar cuándo entran y salen de su trabajo, valga la pena. Matar moscas a cañonazos.
Sin embargo el futuro tecnológico y digital que nos anuncian puede que acabe dando la razón a quienes consideran el trabajo una maldición divina. Trabajarán los robots, sin otro límite que la carga de sus baterías y apuntando cada cosa que hacen en sus logs automatizados.
The best is yet to come, o dicho más clásico, la Tierra Prometida está a la vista...