El ejercicio 2025 se cierra con un balance agridulce para el sector de la construcción en Balears. Si atendemos solo a la frialdad de los datos macroeconómicos, podríamos hablar de un año de éxito rotundo: la inversión total en construcción alcanzó los 3.186 millones de euros, sumando la obra pública y la privada. Esta cifra supone un crecimiento del 26,5% respecto al año anterior. Sin embargo, tras estas cifras de inversión se esconden realidades complejas, cuellos de botella administrativos y un déficit de vivienda que sigue amenazando la cohesión social.
El dinamismo por islas muestra una clara tendencia al alza, aunque con matices geográficos. Mallorca lidera la inversión con un incremento del 32%, alcanzando los 1.626 millones de euros, impulsada principalmente por un aumento del 40% en la inversión en vivienda. No obstante, hay una caída del 15% en infraestructuras ligadas al turismo. Por su parte, Menorca ha experimentado el crecimiento de un 46% de subida con un comportamiento equilibrado entre vivienda y turismo. En las Pitiusas, el crecimiento del 24% se apoya en el residencial.
Uno de los puntos más críticos de este 2025 es el análisis de la vivienda nueva. Según los datos del COAIB, se visaron 4.805 unidades, lo que a primera vista parece un salto cualitativo. Pero es imperativo analizar la letra pequeña: 708 de estas unidades son legalizaciones extraordinarias en suelo rústico. Es decir, son viviendas ya habitadas que no aportan ni un solo techo nuevo al mercado. Si restamos este efecto contable, el crecimiento real en unifamiliares es del 18,5% (1.645 unidades) y en plurifamiliares del 18,6% (2.452 unidades).
A pesar de la mejoría, seguimos peligrosamente lejos de la cifra óptima de entre 6.000 y 7.000 viviendas anuales necesarias para cubrir la demanda actual y absorber el déficit acumulado. Para ponerlo en perspectiva histórica: en 2007 visábamos 15.000 viviendas al año; llevábamos desde 2008 sin lograr superar la barrera de las 4.000. El incremento de la vivienda de precio limitado (VPL), que ha pasado de 163 unidades en 2024 a 298 en 2025, es una señal positiva, pero insuficiente. Especialmente preocupante es el dato de la VPO de promoción privada: solo 9 unidades en todo el año. El plan del IBAVI para construir 1.213 nuevas VPO es una noticia esperanzadora, y confiamos en que, como ha anunciado el Govern, el 90% de estas obras arranquen en 2026.
No todo son retos; también hemos visto soluciones que funcionan. La implementación de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), al amparo de la Ley de Simplificación Administrativa, han marcado un antes y un después. Municipios como Palma y Manacor han demostrado que la colaboración público-privada puede reducir los plazos de concesión de licencias de años a tan solo uno o tres meses. Desde la Asociación de Constructores, hacemos un llamamiento al resto de consistorios: sumarse a este modelo no es una opción, es una necesidad legal y social. Si un ayuntamiento no puede garantizar la tramitación en los tres meses que marca la ley, debe delegar y colaborar. No podemos permitir que la burocracia siga siendo un obstáculo. Exigimos que la administración cumpla sus propios plazos legales.
Quiero recordar que el sector ha seguido operando en un escenario de costes muy altos. No nos hemos recuperado de la inflación derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania. A nivel nacional, los costes son un 27% superiores a 2019, pero en Balears, la insularidad eleva esa cifra hasta el 30% o 35%. A esto debemos sumar un aumento del 16% en los costes de mano de obra en los últimos cuatro años.
Mirar al futuro en Balears respecto a la vivienda requiere valentía. Desde 2008, nuestra población ha crecido en 186.000 personas (+17,4%). Las proyecciones del INE para 2039 sitúan a Balears a la cabeza del crecimiento poblacional en España, con una previsión de 1,46 millones de habitantes. Esto implica la creación de más de 104.000 nuevos hogares en los próximos 15 años.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es: ¿dónde va a vivir esa gente? El sector de la construcción está preparado, tiene la capacidad técnica y la voluntad. Pero necesitamos seguridad jurídica, agilidad administrativa y suelo disponible. El 2025 ha sido un año de crecimiento, sí, pero debe servir como el cimiento de una estrategia a largo plazo que garantice que el progreso económico de las islas no deje a sus ciudadanos sin un hogar digno.