De la justicia digital a la ofensiva contra la oferta turística ilegal, pasando por incentivos fiscales al campo y mejoras en Sucesiones y Donaciones: este es el mapa de reformas que ya está reordenando obligaciones y oportunidades para ciudadanos y empresas en las islas.
Justicia: negociar antes de ir a juicio. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cambia las reglas del juego también en Balears. Desde el 3 de abril, en muchos asuntos civiles y mercantiles ya no basta con presentar la demanda: hay que acreditar que antes se intentó un acuerdo. Entran en escena los «MASC» (Medios Adecuados de Solución de Controversias), que convierten la mediación y la negociación en el paso previo obligado.
Y no solo cambian las reglas en los tribunales. La Ley 3/2025, de 4 de julio, impulsa la conciliación personal, familiar y laboral en Illes Balears. La norma prevé el reconocimiento público de las empresas con medidas proactivas y les abre la puerta a ventajas en contratación pública. Conciliar ya no es solo una política interna: es un requisito con premio.
Proyectos estratégicos: tramitación por la vía rápida. El 5 de diciembre de 2025, el Consell de Govern aprobó el Decreto-ley 8/2025, que crea una «ventanilla única» para acelerar inversiones en renovables, economía circular y turismo sostenible. La medida busca que los «proyectos de interés autonómico» se gestionen de forma simultánea y puedan quedar exentos de determinadas licencias municipales.
En la misma línea, la Ley 4/2025, de actuaciones urgentes para la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos, pretende aumentar la oferta de vivienda en las islas. El texto, no obstante, ya está en el Tribunal Constitucional impugnado por posibles conflictos competenciales o de procedimiento, además del debate sobre la construcción en suelo rústico.
Adiós al desperdicio, hola al ‘doggy bag’. La Ley 1/2025 de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario aterriza en hoteles y restaurantes con un mensaje claro: nada de tirar comida. Desde abril, los establecimientos deben reducir el desperdicio, ofrecer al cliente llevarse las sobras y canalizar los excedentes a entidades sociales. El plato que no se come, no se tira: se dona o se lleva a casa.
Por su parte, el Decreto-ley 4/2025, de 11 de abril, contra la oferta ilegal, refuerza el control sobre el alquiler turístico no autorizado: endurece sanciones y agiliza los mecanismos de inspección para cerrar el paso al alojamiento que opera al margen de la legalidad.
El chárter náutico también tiene nuevas reglas: el Decreto 44/2025, de 1 de agosto, regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo e introduce una prohibición expresa del alquiler parcial, incluida la venta de tiques individuales.
Cambiamos de tercio: hablemos de fiscalidad. La Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears refuerza los incentivos al sector agrícola, el gran beneficiado. Heredar o donar fincas rústicas, explotaciones agrarias o participaciones en sociedades agrícolas (incluidos los pactos sucesorios), incorpora una reducción del 100% en Sucesiones y Donaciones para familiares hasta el tercer grado. Y la transmisión y arrendamiento de suelo rústico suma una bonificación del 99% en ITP y AJD.
Pero no solo el campo sale ganando. Para el resto de los contribuyentes, también suben las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones: del 50% al 60% para hermanos, sobrinos y tíos; del 25% al 35% para familiares políticos; y del 100% para ciertas donaciones entre cónyuges, hijos y padres. A esto se suman deducciones ampliadas por alquiler de vivienda y una nueva deducción para víctimas de ocupación ilegal. Y una despedida con impacto en el mercado inmobiliario: la Golden Visa ligada a la compra de vivienda (residencia a cambio de inversiones superiores a 500.000 euros) se extingue en 2025.
En definitiva, Balears cierra 2025 con un nuevo paisaje normativo: más mediación y menos tribunales, mayor protección laboral en supuestos de incapacidad, tramitación acelerada para proyectos estratégicos, reglas más exigentes para turismo y náutica, y un paquete fiscal que favorece especialmente al campo y mejora las bonificaciones familiares. Para ciudadanos y empresas, el reto inmediato es revisar contratos y procedimientos para adaptarse a tiempo. El reloj ya corre.l