La Audiencia de Palma mantiene a la infanta Cristina como principal protagonista del caso Nóos hasta el final al haber decidido este viernes ratificar su imputación y abrir la puerta a que pueda ser acusada de cooperar en dos delitos fiscales y rendir cuentas ante la Justicia.
El juez Castro imputó por primera vez a la infanta Cristina el 3 de abril de 2013, al apreciar hasta catorce indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por su marido, Iñaki Urdangarin, y el exsocio de éste, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto Nóos, entidad investigada por el desvío de más de 6 millones de fondos públicos.
El magistrado señaló entonces «un supuesto de cooperación necesaria» o «complicidad» por parte de la infanta en los delitos que se atribuían a Urdangarin y Torres: falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.
Su citación a declarar como imputada quedó en suspenso días después porque la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la decisión del juez mediante un recurso basado en la inexistencia de indicios incriminatorios hacia la hermana del Rey.
La Audiencia de Palma dejó sin efecto aquella primera imputación en un auto dictado el 7 de mayo de 2013, en el que sin embargo los magistrados consideraron inconclusas las indagaciones sobre un presunto delito fiscal o de blanqueo de dinero por parte de la infanta y apuntaron nuevas líneas de investigación en ese sentido.
«No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la infanta», decía aquel auto.
El tribunal de la Sección Segunda se refirió a Aizoon como «una pantalla que se constituyó con una finalidad defraudatoria» y cuestionó que los ingresos de esa sociedad, dedicada originalmente a la gestión inmobiliaria, pudieran haberse destinado «al pago de gastos particulares» por parte de los duques de Palma, conociendo su origen ilícito desde marzo de 2006.
«La infanta debería saber o conocer, y por eso abandona el instituto Nóos, que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda tanto en el impuesto de sociedades (...) como de las personas físicas y que se ha enriquecido por contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos», dijo la Audiencia entonces.
«Esas disposiciones de dinero sucio quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales», decía el auto.
Desde entonces Castro ordenó numerosas diligencias para investigar las declaraciones de impuestos de la infanta, así como los gastos de Aizoon.
El 7 de enero de 2014 volvió a imputarla. Aseguró que doña Cristina se prestó a que Aizoon «sirviera de andamiaje imprescindible» para que su marido cometiera delitos fiscales y la citó para aclarar si conocía el origen ilícito de los fondos con los que pagó gastos personales y si su participación en dicha empresa era para actuar como «escudo frente a Hacienda».
El fiscal Pedro Horrach acusó al juez Castro de apoyarse en una «teoría conspiratoria» para imputar a la infanta.
La hermana del Rey prestó declaración como imputada en los juzgados de Palma el 8 de febrero, durante seis horas y media.
La infanta Cristina afirmó que nunca ha tenido «ningún control sobre las cuentas, ni nada que ver con Aizoon», la sociedad que tenía a medias con su marido, en quien confía «plenamente» y de quien dijo que no ha «cometido irregularidades». «No tengo ni idea de lo que hacía con Aizoon», afirmó literalmente.
En el auto en el que puso fin a la instrucción del caso, el juez Castro aseguró el pasado 25 de junio que hay «sobrados indicios» de que la infanta Cristina ha intervenido en la presunta trama corrupta en torno a las actividades del Instituto Nóos «lucrándose en propio beneficio» y «facilitando los medios para que lo hiciera su marido», mediante una «colaboración silenciosa».
Reprochó a doña Cristina que respondiera con evasivas y sostuvo que su intervención fue mediante «colaboración silenciosa de su 50 % de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon», que compartía con su marido.
Por eso mantuvo imputada a la infanta por dos delitos de fraude fiscal del artículo 305 del Código Penal en el IRPF de 2007 y 2008, y por uno de supuesto blanqueo de capitales, previsto y penado en el artículo 301 del Código Penal.
El fiscal Horrach se opuso mediante un polémico recurso en el que afirmó que la infanta ha sido imputada por ser quien es. También la propia infanta rechazó su imputación.
La Audiencia, ahora, desestima estos argumentos y acuerda que la infanta puede ser acusada de dos delitos fiscales en los ejercicios 2007 y 2008, como cooperadora necesaria.