El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha reclamado a la ex secretaria general de Vicepresidencia en la legislatura 2003-2007, Jane King, que concrete quién de los trabajadores del departamento de Presidencia intervino en el encargo de la presentación del proyecto de la ópera de Santiago Calatrava.
Dos días después de reiterar al Govern balear su petición del listado del personal que trabajaba en Presidencia en el primer semestre de 2007 que había solicitado el pasado 21 de octubre, el magistrado ha recibido la respuesta del ejecutivo autonómico.
Una vez recibida la relación de trabajadores de Presidencia, Castro ha dictado una providencia en la que solicita a la representación procesal de King que concrete quiénes, de los cuarenta trabajadores del listado, intervinieron en las contrataciones de la presentación del anteproyecto de la ópera de Calatrava, cuando era presidente del Govern Jaume Matas.
El juez pidió el listado al Govern al día siguiente de que King declarase como imputada y admitiera que autorizó el pago de varias facturas de los trabajos para presentar el proyecto de la ópera porque era una orden de Matas.
King detalló que la orden de pagar esas facturas se la transmitió por teléfono la secretaria de Matas, Xesca Pascual, ya fallecida.
La antigua alto cargo de la Vicepresidencia del Govern reconoció que el reparto de los costes totales de casi 100.000 euros en ocho facturas de entre 9.000 y 12.000 euros de otras tantas empresas parece un fraccionamiento para evitar los mecanismos de contratación que garantizan la concurrencia.
El juez investiga presuntas irregularidades en los contratos para organizar dicha presentación, cuyos trabajos de instalación y desmontaje de carpas, carpintería, alquiler de materiales e impresión fueron encargados a varias empresas que pertenecían al grupo Clave o al que dirigía el empresario José Manuel Maíz.
King argumentó que el departamento de Vicepresidencia se hizo cargo por orden de Matas de abonar el montaje y dotación de la carpa donde se iba a presentar el plan del palacio de la ópera porque la Presidencia del Govern no contaba con una unidad de contratación.
El acto, pese a los casi 100.000 euros abonados, no llegó a celebrarse porque la junta electoral ordenó su suspensión a instancias de los partidos de la oposición al entender que constituía propaganda política en favor del PP a menos de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2007.
King detalló que la orden de hacerse cargo de los gastos procedía directamente de Matas, ya que se la transmitió su secretaria, que actuaba de hecho también como jefa de su gabinete porque la titular de esa responsabilidad estaba de baja por maternidad en aquella época.
King y Matas, encarcelado por corrupción, son los únicos imputados en esta pieza separada del caso Palma Arena.