El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, se ha mostrado este martes convencido de que antes del 24 de diciembre el juez José Castro dictará auto manteniendo la imputación de la infanta Cristina por el caso Nóos y la llevará así a juicio por delito fiscal.
Durante una rueda de prensa de repaso de los casos en los que está personada esta asociación, Bernad ha avanzado además que en las próximas semanas presentará una querella en el Tribunal Supremo contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y también una ampliación para pedir la imputación del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, en la causa contra Francisco Nicolás Gómez, conocido como el pequeño Nicolás.
«La infanta se sentará en el banquillo y no le valdrán las argucias de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y su abogado», ha asegurado respecto al caso Nóos, en el que ejercen de acusación popular.
Según Bernad, Castro dictará antes de Navidad el auto de apertura de juicio oral, en el que tendrá que pronunciarse si mantiene imputada a la infanta por dos delitos fiscales, por los que Manos Limpias pide una pena de 8 años de cárcel.
Tanto la Fiscalía como la defensa de la infanta han solicitado al juez Castro que archive la causa para doña Cristina en aplicación de la llamada doctrina Botín, que dice que si el ministerio fiscal y la acusación particular solicitan el archivo de las actuaciones, el juez la acordará.
Respecto a la fianza de casi 600.000 euros que ha pagado la infanta para cubrir sus posibles responsabilidades civiles, Bernad ha dicho que le parece insuficiente y que, por ello, cuando se abra juicio oral ahondarán «más en el tema».
Por otro lado, Bernad ha anunciado que se querellará contra Iglesias y el portavoz de Podemos Juan Carlos Monedero por un delito de fraude a la Hacienda Pública en relación con dinero proveniente de «fuera de España», concretamente de Venezuela e Irán.
La querella la interpondrán en las próximas semanas en el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado por ser eurodiputado, ya que hay «indicios más que suficientes» contra ellos basados en unas facturas en su poder y en documentación que aún tienen que recibir de Venezuela.
Bernad ha asegurado que en la primera quincena de enero convocará una rueda de prensa para explicar los detalles de la querella, relacionada con dinero percibido a través de una fundación de la que son miembros tanto Iglesias como Monedero.
También ha hablado del caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, en el que presentaron una querella y en el que han pedido personarse, un aspecto sobre el que el juez aún no ha resuelto.
A juicio de Bernad, este procedimiento ha adolecido de «irregularidades desde el principio» porque primero lo llevó un juzgado y finalmente el número 2 de plaza de Castilla, que es el que tiene que decidir si admite o no la personación de Manos Limpias como acusación popular.
La intención de Manos Limpias, ha dicho, es presentar una ampliación de la querella inicial contra Legaz -el «padrino directo de Francisco Nicolás», a su entender- por tráfico de influencias, y también contra los concejales de Chamartín y de Moncloa.
Para Bernad, «algo no huele bien» en este caso y «el pequeño Nicolás no es un simple chaval que haya actuado por su cuenta» sino que ha contado con la ayuda de varias «instituciones». «Vamos a profundizar a ver hasta dónde llega, hay que llegar al final caiga quien caiga», ha dicho.
Manos Limpias también está personada, entre otros, en el caso de los ERE de Andalucía, en el de la familia Pujol que lleva un juzgado de Barcelona, y está pendiente de la aceptación de una querella contra Artur Mas y de otra denuncia contra 33 jueces catalanes por un manifiesto independentista.
El secretario general de esta organización se ha quejado finalmente del trato que están dando los jueces y fiscales a las acusaciones populares con el asunto de las fianzas, que en algunos casos son «ilegales y desproporcionadas».
Así, ha recordado que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les impuso una fianza de 60.000 euros para poder ejercer de acusación en el caso Neymar y otra de 20.000 euros para hacerlo en el que investiga contra Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, cuando -se ha quejado- en este mismo caso Ruz pidió 10.000 euros a UPyD.