La Fiscalía se ha adherido a las conclusiones de los informes en los que los administradores concursales del grupo Orizonia solicitaban la declaración de culpabilidad de la quiebra de la mayoría de las sociedades que conformaban el conglomerado turístico.
Según han informado este miércoles fuentes judiciales, el ministerio público se ha sumado a las peticiones que el mes pasado plantearon los administradores de la sociedad declarada en concurso de acreedores, tanto a las que apuntan que la declaración de quiebra fue fortuita, y por tanto ajustada a derecho, como las que señalan que se planteó de forma fraudulenta.
Orizonia, que era entonces el mayor grupo turístico español con unos 6.000 empleados, solicitó su declaración de preconcurso de acreedores el 15 de febrero de 2013 y tres días después comunicó a su plantilla el cese de sus actividades.
El procedimiento para la disolución del grupo y la compensación a sus acreedores está bajo la dirección del juzgado de lo mercantil número 1 de Palma.
Una vez planteados los dictámenes coincidentes de los administradores concursales y de la Fiscalía sobre la legitimidad de la suspensión de pagos y disolución de las distintas empresas del grupo, el juez las trasladará a las partes personadas.
Los involucrados podrán plantear sus argumentos contrarios a las conclusiones de los administraciones y la acusación pública, y, si lo consideran preciso, solicitar la práctica de nuevas pruebas que se llevarían a cabo en una vista.
Se convoque esta vista o no, será el juez responsable de la causa a quien corresponderá dictar sentencia sobre la culpabilidad o legitimidad de los concursos de acreedores planteados y las responsabilidades derivadas de estas declaraciones.
Entre las entidades a las que se reclaman indemnizaciones y que previsiblemente se opondrán a los dictámenes de culpabilidad está la sociedad inversora estadounidense Carlyle, accionista mayoritario de Orizonia.