CC.OO. y USO han convocado formalmente 27 jornadas de huelga en todos los centros de trabajo del Grupo Aena desde el próximo 11 de febrero, coincidiendo con la salida a Bolsa del gestor de la red de aeropuertos españoles, hasta el 31 de agosto, ante el «incumplimiento» del convenio colectivo.
Los dos sindicatos, mayoría sindical en el Grupo Aena, han registrado este viernes en la delegación de trabajo la convocatoria de 27 jornadas de paros: 11 de febrero; 18, 19 y 22 de marzo; 1, 2, 5, 6 y 30 de abril; 14 y 17 de mayo; 3, 4, 7 y 30 de junio; 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 31 de julio y los días 1, 2, 14, 30 y 31 de agosto.
Como motivos de los paros, señalan el incumplimiento del I Convenio Colectivo del Grupo Aena, el incumplimiento del acuerdo de garantías firmado el 16 de marzo de 2011 y el incumplimiento del acuerdo de ampliación de vigencia del convenio colectivo establecido en los acuerdos del 2 y 3 de julio de 2014.
En un comunicado conjunto, exigen el cumplimiento de los acuerdos laborales en materia de empleo y el convenio colectivo y acusan a la dirección de «destruir empleo y reducir los servicios operativos y de seguridad». Ambos sindicatos hacen un llamamiento a los trabajadores del Grupo Aena a intensificar las movilizaciones en todos los centros de trabajo.
CC.OO y USO denuncian «la irresponsabilidad» de la empresa de incumplir los acuerdos de empleo y el convenio colectivo generando «una conflictividad innecesaria en un contexto privatizador» que los sindicatos rechazan y califican de «fraude al conjunto de la ciudadanía».
Asimismo, acusan a Fomento de gestionar la empresa pública con el «único objetivo» de privatizarla y, para ello, con la «destrucción de empleo, la reducción de los servicios que se prestan a los usuarios, así como los relacionados con la seguridad de las operaciones aéreas».
De igual manera, instan a Fomento a que «actúe con responsabilidad y seriedad y abandone posiciones injustificadas en una empresa pública rentable, que es el primer operador aeroportuario del mundo y con un beneficio de 1.800 millones de euros».
Paralización de la privatización
Además, señalan que la empresa no ha sido capaz de garantizar el cumplimiento de los acuerdos en materia de empleo y de condiciones laborales. «La incertidumbre que la actitud de la empresa genera en las trabajadoras y trabajadores se une al rechazo mayoritario de la sociedad al expolio de una empresa pública estratégica para el desarrollo económico, la cohesión social y territorial y la creación de empleo», afirman.
Ambos sindicatos consideran que la privatización «facilita la posibilidad del cierre de aeropuertos públicos con criterios meramente economicistas», mientras «está dispuesta a rescatar a los aeropuertos privados como el de Murcia».
Por ello, instan al Ministerio de Fomento a que «recobre la cordura» y garantice el cumplimiento de los acuerdos de empleo, el convenio colectivo y elimine «cualquier incertidumbre», al tiempo que le piden que paralice una privatización que, según consideran, «supone un perjuicio para la economía del país y la ciudadanía» y que ponga a los aeropuertos «al servicio del desarrollo económico y la generación de empleo».