El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, se reafirmó este jueves en su postura de que no ve indicios delictivos contra el president del Govern, José Ramón Bauzá, por el retraso en la apertura de medio centenar de farmacias. «La causa contra Bauzá debe ir por la vía contenciosa administrativa y no por la penal», dijo Barceló a Ultima Hora.
El fiscal sostuvo ese criterio al oponerse a la admisión a trámite de la querella interpuesta por el farmacéutico menorquín Cristóbal Pons. El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, también llegó a la misma conclusión en septiembre del pasado año y archivó la causa.
La Audiencia, sin embargo, ha enmendado la plana al juez y al fiscal, con un auto en el que insta al magistrado a investigar a fondo la querella con el objetivo de determinar si Bauzá pudo prevaricar «por omisión en equivalencia a una resolución impropia», al vetar la apertura de nuevas oficinas de farmacias. Hasta ayer, ni el juez Garcías ni el fiscal Barceló habían recibido el auto de la Audiencia. Fuentes judiciales confirmaron este jueves que el magistrado agilizará el señalamiento de diligencias para «una mejor determinación objetiva y subjetiva de los hechos», según señala el tribunal en el auto.
Bauzá tiene, hoy por hoy, la condición de querellado, no de imputado, y es probable que designe a una abogado defensor para que le represente en la declaración que el querellante prestará en calidad de testigo. Según las fuentes consultadas, una de los argumentos con mas peso jurídico que tiene a su favor el farmacéutico Pons es una solicitud que presentó para desbloquear la apertura de farmacias, y que el Govern de Bauzá extravió.
Por ese motivo, Pons amplió su querella por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos acia la secretaria general de la Conselleria de Salut, Lucía Matías. El juez Garcías, no obstante, se opuso y la causa no siguió adelante. Si Bauzá es imputado, la querella podría llegar hasta la Sala de lo ivil y Penal del TSJB.