La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha propuesto este jueves al sector educativo iniciar de inmediato el diálogo sobre un gran pacto social para dar estabilidad a la enseñanza en el que tratará de integrar después a todos los grupos del Parlament para aprobar por amplia mayoría una ley propia del archipiélago.
Armengol, junto al conseller de Educación y Universidad, Martí March, se ha reunido esta tarde con una treintena de representantes sindicales, de asociaciones de padres, estudiantes, patronales y de plataformas ligadas a la enseñanza para cumplir su compromiso de que su primera invitación al Consolat de Mar iría dirigida a la comunidad educativa, que ha padecido «cuatro años de sufrimiento».
«Nos han dado un ejemplo que no olvidaremos», ha resaltado en referencia a la resistencia de buena parte de los docentes, padres y alumnos a las políticas aplicadas en la anterior legislatura por el Govern del PP, que se ha comprometido a cambiar por una relación de «diálogo sincero».
Armengol ha anunciado que la próxima semana el conseller March iniciará una ronda de reuniones bilaterales con cada uno de los agentes del sector para afrontar las cuestiones urgentes, como la inmediata aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y definir los planteamientos de cada una de las partes de cara a la definición de un pacto social por la educación.
El propósito del Govern es que la hoja de ruta pactada con los agentes sociales se traslade posteriormente al Parlament para recabar el mayor acuerdo político posible y dar al sistema de enseñanza «estabilidad para futuras legislaturas».
La presidenta ha explicado que sus objetivos son «recuperar la confianza de la comunidad educativa» en el Govern, «recomponer lo derechos perdidos» y afrontar reformas pactadas con los representantes de todos los agentes del sector de la enseñanza.
March, que ha admitido que abordan retos «difíciles y complejos», ha anunciado que se desplazará a Menorca, Eivissa y Formentera para ampliar el espectro de organizaciones implicadas en la negociación.
Ha señalado que la búsqueda del mayor respaldo político posible obligará a todos los partidos a hacer concesiones en favor del acuerdo y ha apuntado que su deseo es que la consecución de una ley de educación propia de Balears se vea acompañada por la mayor estabilidad posible en la normativa marco estatal.
En este sentido se ha mostrado convencido de que tras las elecciones generales será derogada la LOMCE, que ha calificado de «tóxica» y ha reiterado que su propósito es limitar los efectos negativos de su aplicación desde el próximo curso, sin obviar que es de obligado cumplimiento y con la premisa de no adoptar decisiones «que puedan suponer una desorganización del curso».
También Armengol ha hecho hincapié en que, aunque el Govern tratará de implantar una nueva política educativa, contribuirá a «empezar el curso de la mejor manera posible para todo el mundo».
En cuanto a la vigencia de la huelga indefinida convocada por la Asamblea de Docentes y algunos de los sindicatos mayoritarios, March ha apuntado que, aunque es una cuestión relevante, el Govern no ha pedido su desconvocatoria en la reunión de este jueves.
También se ha pronunciado tras el encuentro el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Mallorca, Vicenç Rodrigo, que ha celebrado el diálogo abierto por el ejecutivo y ha anunciado que su organización mantendrá una actitud de «crítica constructiva».
Guillem Barceló, de la Asamblea de Docentes, se ha congratulado igualmente de que el nuevo Govern escuche a los profesores y ha apuntado que la huelga podría desconvocarse si se adoptan políticas que atiendan sus reivindicaciones.
Ha coincidido con este planteamiento el secretario general del STEI, Biel Caldentey, que ha puesto el acento en la necesidad de que se avance en la mejora de «las condiciones sociolaborales» de los trabajadores de la enseñanza.