La presidenta del Govern, Francina Armengol, sostiene que, con «una deuda y un déficit disparados», el futuro de Balears exige una mejora sustancial de la financiación en la que se volcará tras las elecciones generales de diciembre. «Tendré que ser reivindicativa gobierne quien gobierne en España», promete.
«En Baleares tenemos un presupuesto que en 2016 será de 4.000 y pico millones de euros, una deuda que casi está llegando a los 9.000 millones. En una empresa privada eso tiene un nombre (quiebra). Estamos en una situación grave», explica la líder socialista en una entrevista con Efe.
Por ello, la ejecución del programa de gobierno que el PSIB pactó con MÉS y Podemos depende en buena medida de la reforma del modelo de financiación autonómico resultante de una negociación en la que los dirigentes de Baleares tendrán que de «ser pesados». «Al ser pequeños, a veces no se nos trata con la necesaria justicia», recalca.
A su juicio, en ese debate se tienen que «poner muchas cosas encima de la mesa que desgraciadamente a veces no se han puesto», entre ellas el cupo que aportan el País Vasco y Navarra.
Armengol no cuestiona los conciertos que permiten a ambas comunidades gestionar los impuestos que se recaudan en sus territorios, pero entiende que «hay que replantear el cupo», porque «no parece razonable que un ciudadano porque viva en las Islas Baleares al final tenga menos financiación por educación que uno que vive en el País Vasco». Es una cuestión que deben debatir todas las comunidades. «Todos tenemos que poder opinar de todo», afirma.
Convencida de los frutos del diálogo leal entre instituciones al margen de los partidos que las gobiernen, la presidenta balear se precia de haber llegado a más acuerdos con el Gobierno del PP en dos meses que su antecesor, el popular José Ramón Bauzá, en cuatro años.
Se muestra satisfecha de los resultados de su reunión del pasado miércoles con el presidente Mariano Rajoy, porque aunque se negó a elevar el techo de déficit del 0,3 % para 2016, se avino a convocar una comisión bilateral para renegociar inversiones pendientes y aprobar un nuevo REB para compensar los perjuicios de la insularidad.
«Estamos esperanzados en que si hay un cambio de Gobierno en España nos dejen flexibilizar el déficit», explica Armengol, que, sin declararlo abiertamente, admite que no podrá cumplir el límite del 0,3 % del PIB.
«Tenemos que asumir el déficit del año pasado, que vendrá disparado», con una previsión del 1,5 %, recuerda, y además se muestra tajante ante la opción de reducir más los gastos en servicios esenciales: «No quiero más recortes».
La subida de impuestos acordada con los socios de gobierno y la ecotasa no serán suficientes para contener el déficit en el límite «absolutamente injusto» fijado desde Madrid, explica.
Sobre el impuesto a los turistas, hace hincapié en que servirá para mejorar el producto vacacional con el propósito de buscar «temporadas mucho más largas», lo que redundará en beneficio de la contratación laboral frente a las «formas absolutamente precarias» que caracterizan hoy el mercado de trabajo de las islas.
«Todos los gobiernos han intentado hacer cosas (para ampliar la temporada turística) pero en lo más grande no hemos podido llegar a las condiciones óptimas. El transporte es importantísimo», y el Govern impulsará medidas para mejorar las conexiones fuera de los meses de verano y para ofrecer alternativas a las vacaciones estivales. «No nos interesa seguir vendiendo siempre el turismo de sol y playa», apunta.
Respecto a la perspectiva de las relaciones con sus socios de gobierno y parlamentarios en los próximos meses, Armengol admite que podría haber fricciones por la competencia en la captación del voto para las generales, pero confía en que no afecten al funcionamiento del ejecutivo ni a la actividad legislativa.
No contempla que el papel de Podemos cambie en función de los resultados en los comicios nacionales de diciembre: «El Govern se ha hecho en base a los resultados de unas elecciones autonómicas. Las generales no nos van a cambiar el Govern».
El partido de los círculos ha sido crítico con distintos nombramientos del nuevo Govern, en los que Armengol admite algún error que se ha «rectificado», pero defiende con firmeza la designación de Juli Fuster como director general del Ib-Salut pese a ser pareja de la consellera, Patricia Gómez.
«Hubiera sido director general del Ib-Salud independientemente de quién fuera el conseller», enfatiza la presidenta, que entiende las suspicacias pero considera que «no hay que discriminar ni positiva ni negativamente a una persona que pueda acceder a un puesto de confianza política por el hecho de ser familia de nadie». Asegura que no lo cuestionó en el caso del anterior Govern del PP, en el que «había muchísimos» familiares.
En cuanto a IB3, otro elemento de debate entre los firmantes del acuerdo de gobernabilidad, sostiene que se cambiará la ley que rige el ente de comunicación para garantizar que cumpla con sus funciones de servicio público con independencia del poder político, pero elude comprometerse a la internalización de los informativos. «Hay que analizarla», declara.
El Govern de PSIB y MÉS no ha encargado ninguna auditoría específica para buscar posibles irregularidades del anterior ejecutivo. «No hemos venido aquí para juzgar a Bauzá», afirma la presidenta, que lamenta, no obstante, haber encontrado «conselleries prácticamente paradas» y justifica la estructura de su gabinete, con una conselleria y varias direcciones generales más, en la necesidad de «tirar adelante una gran cantidad de trabajo» para lograr «una sociedad con menos desigualdades».
Ya estan temblando en Madrid