La Conselleria de Servicios Sociales ha indicado este jueves que denunciará el convenio con el Imserso si antes del próximo 1 de noviembre no se garantiza un aumento en la dotación para la gestión de las pensiones no contributivas.
«Después de una primera carta enviada al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en vista de la respuesta que se ha recibido, la Conselleria de Servicios Sociales ha informado al Gobierno que denunciará el convenio con el Imserso» ha señalado en una nota.
En esta, la Conselleria ha precisado que en una primera carta enviada por la consellera Fina Santiago al ministro, se informó de era necesario revisar, actualizar y aumenta la aportación del Imserso a la Comunidad Autónoma, dado que la cuantía transferida para gestionar las pensiones no contributivas había pasado de 368.475 euros en 2011 a 3.824 euros en 2015.
«La consellera ya advertía el Ministerio de la posibilidad de denunciar el convenio con el Imserso», ha destacado.
En su respuesta la dirección del Imserso reconoció un recorte, los últimos cuatro años, en el presupuesto para gestionar las pensiones no contributivas (trabajo que compete al Gobierno pero que asumen algunas comunidades autónomas).
También el Imserso reconoció que la gestión había sido buena, pero no se comprometía a aumentar la dotación presupuestaria ni a corregir el desequilibrio económico de los últimos cuatro años.
«Es por esta falta de compromiso y por la negativa del Gobierno a hacer una propuesta concreta para equilibrar un desajuste económico por lo que la consejera Fina Santiago ha avisado de la posibilidad de denunciar el convenio y devolver la gestión de las pensiones no contributivas en Madrid», ha añadido la Conselleria.
De acuerdo a datos facilitados por la Conselleria, el coste que se deriva del personal de esta comunidad autónoma que gestiona las pensiones no contributivas asciende a 785.136 euros
En su última carta al Ministerio, y según la Conselleria, Santiago ha expuesto que «es incomprensible que, a las comunidades autónomas, se les imponga un techo de déficit, mientras que el Estado recorta las dotaciones que provocan, precisamente, un aumento de este déficit autonómico».