El juez de Instrucción número 3, José Castro, ha dictado el pase a procedimiento abreviado del caso Palma Arena para que las acusaciones puedan pedir que abra juicio contra el expresidente Jaume Matas y el ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester por la construcción del velódromo.
Castro ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza número 8 del caso Palma Arena por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración y falsedad en documento oficial por parte de Matas y Ballester en el proceso de adjudicación de las obras para construir el velódromo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
En la resolución, contra la que cabe recurso de reforma y apelación, el magistrado emplaza a las acusaciones -Fiscalía, Abogacía de la comunidad autónoma y PP balear- a que formulen su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.
En 2004, Matas encargó a Ballester que intentara obtener para Palma la adjudicación de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista que se iba a celebrar en marzo de 2007, para que sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto, sin realizar estudios previos sobre la viabilidad técnica o económica del proyecto.
El mundial se adjudicó a Palma en septiembre de 2004, tras lo cual el Consell de Govern aprobó, a propuesta de Matas, encargar la construcción del Palma Arena.
Finalizada la instrucción, el juez Castro considera que Matas diseñó una estrategia, con la colaboración de Ballester, para «situarse al margen de cualquier mecanismo de control», por lo que encargó la construcción a un organismo gestor creado para tal fin, como «mera apariencia para disfrazar sus decisiones unipersonales bajo una fórmula colegiada que le eximiera de toda responsabilidad».
Según el juez, dicho órgano colegiado «solo existía en apariencia» porque «ni tan siquiera llegaba a reunirse para tomar absolutamente ninguna decisión, que en exclusividad eran adoptadas por el propio presidente del Govern de la comunicad y el director general de Deportes».
Las 22 actas de reunión son «absolutamente falsas» y las reuniones de las que pretenden dar fe «no tuvieron lugar ni en la más mínima apariencia».
En una de las reuniones se aprobó solicitar al Govern 46,4 millones de euros para construir el velódromo, un coste que, según Castro, parece ser el que «esbozó» verbalmente el arquitecto Ralph Schürmann cuando Ballester contactó con él por teléfono para proponerle el encargo.
Otra de las reuniones falsas fue para aprobar la contratación de dicho arquitecto «por el expedito procedimiento de la adjudicación 'a dedo'», afirma Castro en el auto, en el que califica el método de «ilegal» ya que lo correcto habría sido una licitación pública que permitiera a distintos profesionales del ramo ofrecer sus proyectos y precios y un posterior estudio comparativo.
Por su parte, Matas contactó con el arquitecto Jaume García Ruiz-Guasp para proponerle que colaborase con Schürmann. El despacho de los hermanos García Ruiz-Guasp había trabajado para la comunidad autónoma y para el PP.
En el auto, Castro destaca que el Patronato de la Fundación Illesport optó por Schürmann y formalizó el contrato el mismo día.
«He aquí lo que es la celeridad administrativa, ese mismo día se documenta la contratación, ya previa y verbalmente concertada, del arquitecto, a pesar de que era conocido que el mismo no podía firmar ningún proyecto en España al no estar colegiado, de tal manera que tenían que ser los hermanos García Ruiz-Guasp quienes firmarían los primeros proyectos básicos en los que figuraría Schürmann sólo como colaborador», señala el juez.
Luego el contrato sería rescindido, en circunstancias investigadas en otra pieza del caso Palma Arena.
Esta causa que Castro ha transformado en procedimiento abreviado es la originaria de las 27 piezas en las que está dividido el caso Palma Arena, por alguna de las cuales ya han sido juzgados y condenados tanto Matas como Ballester.
Este jueves «Pepote» Ballester admitió ante la Audiencia de Palma que cometió prevaricación y fraude al contratar sin concurso las obras de un vestuario en el polideportivo Príncipes de España, delitos por los que pagará una multa de 9.000 euros, en otra de las piezas de este proceso.
Además tanto Matas como Ballester serán juzgados en la vista oral del caso Nóos, en el que el próximo día 9 el exdirector general de Deportes abrirá las declaraciones de los acusados.