El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha dictado un auto con el que abre paso para que el expresidente del Govern Jaume Matas se siente de nuevo en el banquillo de los acusados, en esta ocasión por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras del velódromo palmesano, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste ascendió a más de cien.
En concreto, el magistrado le atribuye la comisión de delitos de fraude a la administración, prevaricación y falsedad en documentop oficial, los mismos tipos penales que imputa por estos mismos hechos al exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester.
Castro ha puesto de este modo fin a la instrucción de esta pieza separada del caso Palma Arena, la número 8, y da paso a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear para que formulen sus escritos de acusación, en los que deberán solicitar la apertura de juicio por estos hechos o, por el contrario, instar el archivo de las pesquisas.
Matas ya cumplió nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en la primera pieza que fue juzgada de la causa, mientras que también fue condenado a una pena de multa por cohecho en el marco de este proceso judicial.
En su auto, Castro relata cómo en 2004 Matas encargó a Ballester tratar de obtener la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, previsto para 2007, con la finalidad de que esta concesión «sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto que permitiera albergar el evento», sin que previamente a la solicitud cursada ante la Unión Ciclista Internacional (UCI) «conste que se llevaran a cabo estudios sobre la viabilidad económica del proyecto».
Tras la adjudicación, el exministro propuso al Consell de Govern, carente de los informes técnicos necesarios, la construcción del velódromo, que fue finalmente aprobada.
Para su construcción, añade la resolución judicial, Ballester diseñó una estrategia «que estriba en situarse al margen de cualquier mecanismo de control» y para ello «nada mejor» que encargar su construcción a un organismo gestor, carente de control administrativo previo, «como mera apariencia para disfrazar sus decisiones unipersonales bajo una fórmula colegiada que le eximiera de cualquier responsabilidad».
Tal organismo era el Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena, antes de cuya creación fue la Fundació Illesport -dependiente del Govern y liderada por Ballester- la encargada de «dar cobertura formal a las decisiones que tomaba el presidente de la Comunidad Autónoma, sabedores ambos de que sus decisiones ni tan siquiera se sometían a la consideración de los patronos» de la Fundació «por la sencilla razón de que, como tal, el órgano colegiado sólo existía en apariencia».
Es en este marco en el que Matas ordenó la ejecución de la infraestructura deportiva y encargó al Illesport, con los fondos del Ejecutivo autonómico, su gestión hasta que se constituyese el Consorcio.
Según el auto, los patronos de la Fundació ni siquiera llegaban a reunirse para tomar «absolutamente ninguna decisión que en exclusividad eran adoptadas por el propio presidente del Govern y el director general de Deportes». Sin embargo, hasta 22 actas «absolutamente falsas» fueron redactadas para dejar constancia de unas supuestas reuniones «que nunca llegaron a convocarse y menos aún a celebrarse».
Así, entre las decisiones que aparentemente se adoptaron se encuentra la aprobación de un presupuesto de 46,4 millones de euros para la construcción del Palma Arena y sus cargas financieras para la ejecución de un espacio polideportivo, todo ello «a pesar de que no consta estudio alguno sobre el origen de ese provisional cálculo de coste.
De igual forma se dio el visto bueno a la contratación del arquitecto inicial del proyecto, Ralph Achürmann, sustentándola en que éste contaba con el respaldo de la UCI y ello posibilitaría la homologación 'ab initio' del velódromo.
«La afirmación de que la UCI daría desde el principio por homologado el velódromo si lo construye un arquitecto determinado es difícil de creer y no cuenta con absolutamente ningún aval documental» sobre ello, asevera Castro, quien considera así «ilegal» la adjudicación 'a dedo' de las obras cuando el procedimiento correcto hubiera sido el de la licitación pública que permitiera a los distintos profesionales del ramo «ofrecer sus proyectos y sus mejoras de precios».
Es por ello que el juez alude a Schürmann como «un recomendado de la UCI», pero «nada más, siendo dudosa su experiencia en la construcción de velódromos cubiertos y acreditado que existían otros profesionales con similar o superior capacidad».
«Dato innegable es que escasas dificultades representó la designación de sus iniciales colaboradores y luego sucesores, los hermanos García-Ruiz Guasp, quienes no precisaron ser afanosamente buscados en países extraños y quienes ya habían trabajado para esta Comunidad Autónoma y particularmente para el partido político que entonces detentaba el poder», subraya el magistrado.
«Pobre ropaje jurídico»
En esta línea, Castro recalca que «si ya pobre ropaje jurídico representaban estos acuerdos, más aún sería su escasez si se tiene en cuenta que la contratación de don Ralph Schürmann se había producido previamente al margen de los mismos». El 23 de marzo de 2006 le fue rescindido su contrato.
Precisamente, el gerente de la UTE que se encargó finalmente de la construcción de las obras, Miguel Angel Rodríguez, quien el pasado mes de diciembre solicitó el archivo de su imputación en esta causa, señaló que Schürmann presentó «un proyecto de ejecución absolutamente insatisfactorio, entre otras razones porque carecía de los más elementales cálculos y de otros datos imprescindibles» para el proyecto.
De hecho, apuntó que el presupuesto que Schürmann había calculado fue de 47 millones de euros, un cálculo que «carecía de cualquier soporte real pues el proyecto adolecía de carencias que impedían no ya su ejecución, sino siquiera tener un conocimiento aproximado de su coste de ejecución».
Se trata de unas «graves deficiencias» que, añadía, determinaron que la dirección facultativa ordenara imprimir un ritmo de trabajo especialmente intenso que obligó a la contratación de personal suplementario al inicialmente previsto y a realizar numerosas modificaciones al proyecto inicial o a introducir trabajos complementarios inicialmente no previstos», lo que condujo a que el importe final de las obras por parte de la UTE fuese de 69 millones de euros (79,9 millones con IVA).