La Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto de prescripción enfermera, ha informado el Govern.
Se trata de una decisión que adoptó en su día el ejecutivo autonómico, cuyos servicios jurídicos también solicitan como medida «cautelarísima» que se suspenda su aplicación hasta que se resuelva definitivamente el recurso interpuesto.
A propuesta de la Conselleria de Salud, el Consell de Govern acordó autorizar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma la interposición de este recurso contra este decreto que regula la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
La Conselleria de Salud defiende la capacitación de los enfermeros y argumenta que la nueva normativa les impide llevar a cabo, de manera autónoma, centenares de actuaciones que hasta ahora hacían con normalidad y «eficiencia probadas».
Esta norma, en opinión del Govern balear, tiene también consecuencias directas para los propios médicos, a quienes se les aumenta considerablemente el volumen de trabajo.
Todo ello supondrá igualmente para los usuarios un «empeoramiento» en la atención sanitaria, asegura la conselleria.