El Parlament ha rechazado este martes, con los votos de los partidos que apoyan al Govern, las enmiendas a la totalidad de la derogación de la ley que regula y establece la protección a la maternidad aprobada en 2014, durante el ejecutivo balear del PP, por la cámara legislativa balear.
En concreto, PSIB, MÉS y Podemos (29 votos) han votado en contra de estas enmiendas presentadas por PP, Ciudadanos y PI (20) , y que defendían que la ley aprobada durante el Govern del PP no fuera derogada, como han propuesto los partidos que apoyan al Ejecutivo autonómico.
La diputada del PP Sandra Fernández ha criticado que el Govern quiera derogar una ley que pretendía que la Administración apoye a las mujeres que quieren ser madres pero tienen dificultades económicas para serlo.
«Con la derogación de esta ley están siendo totalmente sectarios», ha afirmado Fernández, quien ha reclamado a los partidos que apoyan al Govern (PSIB, MÉS y Podemos) que en lugar de derogar la ley la modifiquen.
La diputada del PI Maria Antònia Sureda ha criticado también que el Govern ni siquiera se haya planteado mejorar la normativa, y ha afirmado que la derogación de la ley «sí es ideológica y proabortista».
«Un Govern debe regular por sobre lo que piensan dos extremos (derecha e izquierda) porque eso es interés general», ha señalado Sureda, quien ha rechazado «el sectarismo» que practican los partidos que apoyan al Govern.
La diputada de Ciudadanos Olga Ballester ha calificado de «inexplicable» la derogación de la ley que, en su opinión, tiene artículos novedosos, como los que aluden a las adolescentes.
Para Ballester esta ley «no solo no debe ser derogada sino desarrollada» con el apoyo de todos los partidos y ha coincidido en que su derogación «es fruto del sectarismo político del que los ciudadanos están cansados».
La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, ha defendido la derogación de la ley de 2014 en que no supera en ningún aspecto a la ley estatal, lo que la hace innecesaria.
Ha dicho que el Govern no se ha propuesto modificar la normativa porque se debería cambiar de pies a cabeza, y no se justifica porque «la maternidad no se defiende con esta ley».
Según la consellera, la futura ley de renta social protegerá más la maternidad que esta normativa que ha calificado de «hipócrita».
Lo único que aporta de nuevo esta ley, ha dicho, es «un teléfono de información, un plan que no da ningún derecho» y una subvención a una ONG para informar sobre los derechos reproductivos de la mujer, función que ya cumple la red de profesionales de «forma neutral».
En el mismo sentido se han pronunciado PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca.
La diputada socialista Silvia Cano ha defendido que la ley que se prevé derogar «no reconoce el derecho a la maternidad libre» y no aporta ningún recurso nuevo a la mujer embarazada.
«Una ley paternalista que presenta a las mujeres como seres indefensos y las convierte en incubadores bien baratas», ha dicho la diputada de MÉS per Mallorca Margalida Capellà, para criticar la ley, que considera «inútil» y que debe ser derogada por «dignidad».
El diputado de MÉS per Menorca Josep Castell se ha referido a la ley como «retórica, paternalista y doctrinaria» y ha criticado que si el PP considera que «con esta mierda de artículo» la situación de las adolescentes embarazadas se pueda revertir.
La diputada de Podemos Marta Maicas ha considerado esta ley autonómica «innecesaria» porque afianza un modelo que «refuerza los roles tradicionales».