Los juristas del Govern elaboraron una nota interna firmada por la abogada de la Comunitat, Lourdes Aguiló, en la que recomendaban que el controvertido nivel 33 no desapareciera para aquellos que ya la cobran, sino que se reconvirtiera en una complemento transitorio alternativo.
Era una de las posibilidades con las que trabajaba el Govern, ante las enormes lagunas jurídicas que plantea la supresión de este complemento. Para disipar cualquier duda, la jurista proponía «establecer medidas compensatorias, como un CPT (complemento transitorio absorbible» para el personal que ya tiene reconocido este derecho.
La propuesta de los juristas del Govern no ha tenido efecto ya que los partidos de izquierdas han presentado esta misma semana una enmienda conjunta en la que se suprime el plus para todos, para quienes ya lo cobran y además en todas las instituciones, es decir, Govern, empresas públicas, consells, ayuntamientos y la UIB.
Fuentes del Govern reconocieron este jueves que es muy probable que se tenga que presentar una propuesta de modificación de esta enmienda. La razón es que «por error» se ha incluido entre los afectados al personal docente de la UIB. Las mismas fuentes aseguran que un informe de Funció Pública señala que la supresión de este complemento no puede afectar a los profesores y catedráticos de la Universitat ya que ellos se rigen por la legislación estatal.