El Ministerio de Hacienda ha destapado 21.652 inmuebles opacos al fisco y lo ha hecho gracias al empleo de fotografías aéreas tomadas desde una avioneta.
Con este sistema, ya ha peinado 28 municipios de las Islas que se adhirieron al plan de regularización catastral ligado a la lucha contra el fraude puesto en marcha en 2013.
La mayor parte de las infracciones, un total de 7.578, un 35 por ciento, responde a reformas y cambios de uso no declarados. Otros 5.413 (el 25 por ciento) son ampliaciones y rehabilitaciones no declaradas, mientras que 6.279 (el 29 por ciento) son nuevas construcciones que no se habían incluido en el catastro. El resto, un total de 2.382, son piscinas no declaradas.
Como consecuencia de estas inspecciones a vista de pájaro, el valor medio de los inmuebles ha aumentado y su regularización en el este registro ha supuesto un incremento medio de 309 euros en el recibo del IBI. Los 28 ayuntamientos supervisados han obtenido entre todos unos ingresos adicionales de más de 6 millones de euros en su conjunto.
No és coherent cobrar IBI d'una construcció que és il·legal i que no hi ha manera de que compleixi amb la normativa. El que hauria de fer l'Ajuntament de cada municipi és sancionar i ordenar la demolició corresponent, en cas d'incompliment execució subsidiària i embargament de bens. D'altra manera és un greuge comparatiu amb la resta de gent que compleix i fa el que dicten les lleis.