Un total de diez consellers del último Govern de Francesc Antich se fueron del Ejecutivo sin presentar la declaración de bienes y actividades, una de las exigencias de la Llei de Bon Govern. Este incumplimiento se suma al de los 26 altos cargos del PP que no lo hicieron al finalizar la pasada legislatura y a los dos cargos del Govern actual que tampoco lo han hecho.
De los diez consellers que no cumplieron la ley, uno de ellos, Joana Barceló, no entregó la declaración ni al principio ni al final de la legislatura, mientras que otros tres, Pilar Costa, Francesc Buils y Biel Vicens, solo lo hicieron al final de su mandato, pero no al principio.
Los altos cargos del Ejecutivo están obligados a realizar dos declaraciones de bienes y actividades. Una de ellas se presenta al inicio de la legislatura y la otra, cuando dejan el cargo.
Con esta exigencia recogida en la Llei de Bon Govern se pretende que quede registarado cualquier incremento patrimonial desmesurado durante el mandato de los altos cargos. Las declaraciones son secretas y quedan custodiadas por el Govern.
Pero por mucho que lo intenten, en cuestiones de corrupción no le llegan al PP ni a as suelas de los zapatos.