El Govern quiere que las compañías eléctricas financien lo que se llamará Fondo Autonómico de Rescate. Esta figura servirá para cubrir las facturas de la luz de aquellos que no puedan pagarla.
El Ejecutivo quiere que esta aportación sea obligatoria, no voluntaria, y busca fórmulas jurídicas para incorporarlas en la futura Ley de Vivienda, en cuyo borrador trabaja desde hace meses.
Además de la luz, también se incorporan medidas para garantizar el agua y el gas. Las compañías no podrán cortar estos servicios como primera acción contra el impago. Deberán comunicar a los afectados la existencia de un fondo y de unas ayudas y les darán la posibilidad de acogerse a ellas antes de realizar el corte del suministro.
Otra de las disposiciones más polémicas es la que obliga a los bancos a ceder al Govern el uso de los pisos que tenga vacíos. El Ejecutivo quiere destinar estas viviendas al alquiler social a precios bajos y pagar a las entidades bancarias la diferencia entre lo que cobra y el precio real de mercado del piso.