La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares considera que un primer acuerdo verbal en 2003 entre Iñaki Urdangarin y el entonces presidente del Govern, Jaume Matas, fue el «disparo de salida» de una serie de pactos que entre 2004 y 2007 supusieron «un vaciamiento de las arcas autonómicas».
En su informe ante el tribunal del caso Nóos, el jefe de la Abogacía de Baleares Lluís Segura ha detallado que esas conductas, que han determinado su presencia en el caso Nóos como acusación particular, supusieron una «marginación absoluta de la legalidad, de la buena administración y del interés general» y crearon «graves perjuicios» a los ciudadanos.
Ha precisado que «se volcaron fondos públicos en el pago de comisiones, en contratos sobrevalorados y en gastos absolutamente inútiles o abusivos, inaceptables desde el punto de vista de la buena administración».
Nóos cobró 2,6 millones de euros de la administración balear por una oficina del equipo ciclista Illes Balears y por organizar los Illes Balears Forum de 2005 y 2006. La Abogacía balear pide al tribunal que todos esos negocios se declaren nulos porque no respondían al interés general.
Ha recordado que todo comenzó con un acuerdo verbal alcanzado en 2003 entre Matas y Urdangarin, por el que Baleares pagó 300.000 euros por la oficina del proyecto para patrocinar un equipo ciclista, que supuso «el disparo de salida de una serie de pactos que entre 2004 y 2007 determinaron importantes beneficios para el denominado grupo Nóos y un vaciamiento de las arcas autonómicas».
Luego se contrataron los dos Illes Balears Forum, que según Segura «no costaron lo que dicen que costaron».
Ha recordado que Urdangarin y Torres habían orquestado previamente una red para beneficiarse, cuyo buque insignia era el Instituto Nóos, como entidad sin ánimo de lucro que en realidad actúa como una empresa y que «no se presentó nunca a ningún concurso».
Considera a Torres el «ideólogo e inductor principal de los delitos».
«Su estrategia delictiva se basa en convencer a los representantes de las instituciones en que confíen en sus operaciones económicas, no miren al detalle los presupuestos y a cambio de una tarjeta de presentación de consultor experimentado y de una persona miembro de la Casa REal que da prestigio a los eventos, confíen en sus operaciones y les otorguen privilegios, ventajas, comisiones y contratos», ha resumido Segura.
Matas «controla toda la operación» y si bien «no buscaba su lucro» personal sí que propició «el ajeno», el de Urdangarin y Torres. Ha dicho que el expresidente conocía los mecanismos administrativos, determinó cómo se debía actuar para soslayar la ley y nunca tuvo intención de solicitar una justificación.
Según el jefe de la Abogacía, Matas fue «autor de la orden de contratar y de permitir que, con relajación absoluta de los controles y con la conciencia de que sus órdenes serían cumplidas» ese dinero público pudiera «usarse abusivamente».
Matas diseñó la estrategia para utilizar los organismos públicos de la Fundación Illesport e Ibatur para los acuerdos con Nóos porque estaban exentos de los controles ordinarios y no se sometían a fiscalización previa.
Además, la fórmula del convenio de colaboración daba eficaz apariencia de legalidad y permitía una tramitación rápida, ha dicho Segura, quien ha explicado al tribunal que «estos negocios tenían que haber sido un contrato administrativo».
Sobre los dos eventos organizados en Baleares, Amengual ha dicho que «la utilidad pública de todo ello brilló por su ausencia» y el provecho fue solo para el Instituto Nóos porque le permitieron activar los mecanismos de cruce de facturas y porque Torres y Urdangarin percibieron honorarios.
Ha recordado que los foros no eran abiertos al público, los ciudadanos que los financiaron no pudieron asistir a ellos y además la difusión publicitaria solo benefició a la marca Nóos.
La actuación de los gestores del Govern balear, con la connivencia de Urdangarin y Torres, fue «deliberadamente irregular y con el único objetivo de aprovecharse abusivamente del presupuesto de la comunidad autónoma», ha reiterado.
La consecuencia fue que «hubo un puro vaciamiento de fondos al nivel más impresentable», ha dicho Segura, que ha mencionado como ejemplo que el convenio para el primer foro fue por 200 millones de las antiguas pesetas «lo que costaba en esa época construir un colegio público».
La Abogacía balear pide una condena de 8 años de prisión para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, así como de 5 años para Matas.
También solicita penas que oscilan entre varios meses y 2 años de prisión, sustituibles por multas, para el excontable de Nóos, Marco Tejeiro y cuatro ex altos cargos del Govern: el exdirector general de Deportes, Jose Luis «Pepote» Ballester; los exdirectores de la Fundación Illesport y de Ibatur, Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía, y el exsecretario de Ibatur, Miguel Ángel Bonet.
La Abogacía balear reclama además la restitución de la cantidad íntegra percibida más los intereses y pide que Urdangarin, Torres, Matas y Ballester respondan conjunta y solidariamente de la suma de 2.650.566 euros.
Además considera a la infanta y a la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, partícipes a título lucrativo y les reclama 125.000 (que ya han sido consignados) y 119.541 euros, respectivamente.