Govern y sindicatos de la función pública de la comunidad autónoma han acordado este miércoles «la hoja de ruta» hasta 2019 para la recuperación de derechos sociales y laborales perdidos por los funcionarios debido a la crisis, ha informado éste miércoles la dirección general de Función Pública y Administraciones Públicas.
La Mesa General del Empleado Público, máximo órgano de representación de los trabajadores públicos de la comunidad, ha acordado trasladar a cada sector las negociaciones sobre la recuperación de los derechos en apartados como conciliación familiar, procesos de selección de personal y aplicación de planes de igualdad.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera ha presidido este miércoles la Mesa General del Empleado Público, que ha contado con la presencia de los seis sindicatos más representativos de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: CCOO, UGT, SIMEBAL, SATSE, CSI-F y STEI.
La voluntad del Govern ha sido «confirmar nuestro compromiso con la recuperación de derechos de los trabajadores de la función pública», ha señalado la consellera Cladera.
«En un año hemos trabajado mucho en este sentido y, con este aval, nos hemos comprometido a seguir devolviendo a los funcionarios todo aquello que desde 2012 les arrebataron en nombre de la crisis», ha explicado.
Durante el primer año de legislatura, Govern y sindicatos ya han pactado varios acuerdos en el ámbito de la función pública, como la aplicación efectiva de la carrera profesional, la creación de una bolsa horaria de 30 minutos diarios para invertir en formación del personal, el retorno de una cuarta parte de la paga extra retenida en 2012 o la subida salarial de un 1 % aplicada este año.
Cladera ha destacado que estas mejoras «se han producido con arreglo a la legislación de base en vigor y con criterio de prudencia económica», puesto que el alcance de las medidas de recuperación de derechos que este miércoles se han debatido en la Mesa General ya están incluidas dentro del Plan Económico Financiero que marca la sostenibilidad presupuestaria de Baleares hasta 2017.
Los seis sindicatos incluidos en la Mesa General, que han firmado el acuerdo de manera unánime, se han comprometido a que el ámbito de negociación del retorno de derechos sea en las tres sectoriales que reúnen a los más 30.000 trabajadores de la comunidad autónoma: servicios generales, estatutarios y educación.